MINERÍA Y DEMOCRACIA
La gran minería es de una escala tal y causa tal modificación de los territorios que se toma que invariablemente crea conflictos con las poblaciones preexistentes. Una constante en estos conflictos es que, por el poder económico del sector, el estado cae cautivo de los intereses mineros y se convierte en su agente. Frente a esta realidad, la sociedad ha recurrido, con mayor o menor eficacia, a las consultas populares (y en dos casos a sus representantes en el poder legislativo) para zanjar las disputas.
TAMBOGRANDE, PERÚ
El primer plebiscito antiminero en América Latina se realizó en 2002 para parar el proyecto de Tambogrande, en la provincia de Piura. Más del 95% de la población del municipio se pronunció en contra, después de que unos meses antes Godofredo García, el agricultor que lideraba las protestas, fuera asesinado por un encapuchado. Si bien la minera no salió de inmediato, el plebiscito consolidó la presión para que el estado suspendiera el proyecto por sus múltiples irregularidades. Otras empresas se hallan empeñadas en retomarlo en la actualidad. ESQUEL, ARGENTINA
En 2002, en medio del colapso de la economía, los gobiernos central, provincial y municipal se aliaron con Meridian Gold para explotar extensos yacimientos de oro y plata en una zona lacustre de la Patagonia, en la provincia de Chubut. La aledaña población de Esquel, cuyos 30 mil habitantes dependen de la agricultura y el turismo, se autoconvocó para una consulta popular, en la que el 82% de la población le dijo “no a la mina” (ver ETI 54). Poco después, la provincia pasó una ley que prohibía la minería a cielo abierto en todo su territorio. Aunque luego de la consulta la empresa declaró que respetaría la voluntad popular, emprendió un largo litigio judicial al cabo del cual la Corte Suprema ratificó la potestad constitucional de las provincias para impedir actividades mineras. En los siguientes cinco años se organizaron decenas de consultas, y seis provincias argentinas las habían impedido. Hoy, en medio de otra crisis fiscal el gobierno de Macri busca revertir esas prohibiciones.
COSTA RICA Y EL SALVADOR
En 2010, la asamblea legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohibió la minería a cielo abierto en todo su territorio. Lo hizo por considerar que esa actividad
es incompatible con aquella que genera la mayor fuente de ingresos del país: el turismo de naturaleza. Por su lado, el legislativo de El Salvador prohibió toda minería metálica en esa nación a partir de 2017. El Salvador es el país con mayor densidad poblacional de Centroamérica y sus recursos hídricos son limitados. Los asambleístas consideraron que la minería competiría por el agua con los habitantes, además de que pondría en riesgo su salud y la del ambiente.
COLOMBIA
En julio de 2013 el municipio de Piedras, Tolima, llamó a una consulta sobre la realización de actividades mineras a gran escala en su territorio. Ganó el no con el 98,8% de los votos. Esta fue la primera de más de diez consultas mineras que se han llevado a cabo en ese país, y de otras más recientes sobre la actividad hidrocarburífera. Lo hacen amparadas en la ley minera de 1994 y en preceptos constitucionales que otorgan a los gobiernos locales la capacidad de llamar a plebiscito sobre actividades que signifiquen alteraciones importantes del uso del suelo. Características comunes de las consultas han sido ser impulsadas por los municipios y por la Iglesia, e inclinarse por la prohibición con votaciones que superan con mucho el 90%. Así, se han parado más de cien proyectos mineros y petrolíferos. Ante el reclamo de las mineras, la corte constitucional estableció que las comunidades sí podían realizar estas consultas. Muchos millones gastados en cabildeo y un cambio de gobierno de por medio, a finales de 2018 otra corte revocó el mencionado artículo de la ley de 1994 y estableció que las comunidades no tenían capacidad de veto (aunque las consultas que ya fueron realizadas conservaron su validez). A cambio, la corte exhortó al congreso a que establezca mecanismos para que las decisiones sean concertadas entre comunidades, gobiernos locales y el estado central.
CONSULTAS EN ECUADOR
En Ecuador se han realizado dos consultas populares no vinculantes, pero que tienen un fuerte valor simbólico y moral: Victoria del Portete contra el proyecto Loma Larga (2011; 93% por el no) y Pacto (2015; 93% por el no). Además, desde los respectivos municipios se declaró al cantón Cotacachi (2000) y al noroccidente del distrito metropolitano de Quito (2016) como zonas libres de actividades extractivas. La primera consulta vinculante es la del 24 de marzo en Girón, y se preparan otras en Cotacachi y en la provincia del Azuay.