Las autoridades sin credenciales ascienden a 246
La Procuraduría determinó que actuales dignatarios deben prorrogarse en funciones
Política La Procuraduría General del Estado determinó que, ante la falta de nuevas autoridades en seis provincias del país, los dignatarios salientes deben prorrogar sus funciones. El retraso en la entrega de credenciales a los funcionarios electos el 24 de marzo pasado podría ser causal para iniciar un juicio político en contra de los integrantes del Consejo Nacional Electoral.
En 19 municipios del Ecuador los nuevos alcaldes aún no pueden iniciar funciones. Los burgomaestres de los 13 cantones de Los Ríos, así como de Jaramijó, Tosagua, Jama y El Carmen, en Manabí, aún no reciben sus credenciales de parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por esto, 246 dignatarios todavía no han sido posesionados en sus cargos.
Este desfase también se registra en las alcaldías de Salitre y Naranjito, en Guayas. En otras tres provincias, el problema se replica con concejales y vocales de juntas parroquiales.
Los dignatarios electos anuncian acciones contra los consejeros del CNE, por incumplir el plazo para cerrar el ciclo electoral, establecido en el Código de la Democracia.
Según la normativa, las autoridades seccionales electas debían arrancar oficialmente sus períodos el 14 de mayo.
¿Qué pasará con las instituciones que aún no tienen nuevas autoridades? La Procuraduría General del Estado, ante una consulta remitida por el CNE, respondió que la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) sí es aplicable para “prorrogar en funciones a las autoridades de elección popular”, cuyo período debía concluir el martes pasado. Según la Procuraduría, no se requiere ningún acto administrativo adicional para el efecto.
Johnny Terán, prefecto electo de Los Ríos y vicepresidente del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que sus coidearios en la Asamblea Nacional ya están al tanto de los problemas registrados por la falta de credenciales. El dignatario dice que la atención en las instituciones públicas de Los Ríos registra altibajos, pues muchas autoridades salientes ya presentaron sus renuncias.
Sobre la posibilidad de solicitar un juicio político contra las autoridades del CNE, Terán señala que esa decisión la deberán tomar las bancadas legislativas. “Están molestos (bloque del PSC). Ellos tienen que tomar una decisión, porque estos problemas se podrían repetir en las elecciones generales del 2021”, advirtió.
En el caso del Municipio de Jama, en Manabí, ya presentaron su dimisión los directores departamentales salientes y hay denuncias de sueldos retrasados. El alcalde electo, Rober Castro, no puede iniciar funciones en ese cantón.
Raúl Tello, legislador del Bloque de Integración (BIN), ya anunció la posibilidad de iniciar un pedido de juicio político, por los incidentes ocurridos durante el sufragio en una localidad de Pastaza.
El bloque correísta, incluso, elevó a moción el pedido de juicio al CNE en abril pasado, pero no prosperó. Hubo un acuerdo implícito de esperar al cierre del ciclo electoral.
El exalcalde de Guayaquil Jaime Nebot también se refirió a esa posibilidad, cuando se presentaron denuncias de presunto fraude en Los Ríos.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, sostiene que si se decide impulsar acciones contra las autoridades electorales, estas deben estar enmarcadas en lo que determina la Ley.
La titular dice que el retraso en la entrega de credenciales “no es una decisión política, ni del Pleno”. Insiste en que se deben respetar los plazos para que se ejecuten las sentencias de las apelaciones, tramitadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “No podemos conculcar derechos ni irrespetar los plazos”, sostuvo.
Enrique Pita, vicepresidente del CNE, reconoce que están sujetos a una sanción en la Asamblea. “Si así lo deciden podrían mandarnos a la casa”.
El consejero dice que el desempeño del ente electoral debe evaluarse en dos etapas. La primera, en lo referente a la organización de elecciones, que, a su criterio, no tuvo ningún contratiempo. Y la segunda, en la fase de escrutinio y proclamación de resultados. Ahí, según Pita, hubo incidentes en algunas juntas provinciales que complicaron el cierre.
Joaquín Viteri, presidente del TCE, asegura que no se podían dejar de atender apelaciones, pese a que el plazo de posesión expiró el 14 de mayo. “Iremos a las instancias necesarias. este tribunal respetó el debido proceso de las causas”.