La sentencia
LL os waorani de Pastaza, sobre todo, las mujeres waorani de Pastaza, se han convertido en estos días en la incómoda piedra en el zapato del gobierno y de las empresas que quieren explotar los recursos petroleros del bloque 22. Los waorani pidieron una acción de protección por su derecho a la consulta previa, libre e informada. La jueza del tribunal del Puyo dio la razón a sus reclamos: el gobierno no realizó consulta previa a las comunidades waorani para la licitación de ese bloque. El gobierno apelará. Pero en realidad no hay mucho que apelar: no solo con los waorani sino con los kichwas y los shuar, con los záparas o con los cofanes de Sinangoe, los procesos de consulta previa, libre e informada, han fallado, no han sido tales y hay evidencia sobre ello.
¿Quién podría estar de acuerdo en hacer válidas o legales consultas que han sido confundidas con reuniones de padres de familia, reuniones de ofertas laborales o presencia de ministerios que ofrecen a los indígenas aquello a lo que tienen derecho con o sin la explotación de su territorio, como educación?
La sentencia obliga al Estado no a apelar, como han dicho, sino a replantearse los temas de consulta. Todo indica que en las comunidades indígenas esto no se aplicó bajo ninguna norma técnica y peor bajo ninguna sensibilidad intercultural, acudiendo al baratillos de ofertas.
El proceso y la sentencia son un referen
te para el funcionariado y para la insensible burocracia: si quieren seguir explotando recursos en los territorios indígenas deberán preguntar bien clarito y deberán asumir y aceptar la respuesta negativa o afirmativa de la gente, como ha ocurrido en Girón. El “va por que va”, que ha dicho el ministro de hidrocarburos, no es posible. Para que vaya… deberán consulta rala gente de manera transparente. Y puede ser que la gente decida que no vaya. Y entonces, el país deberá replantearse el modelo con el quequiere sostener la economía, que no ha variado mucho desde la conquista (pueden releer a Bartolomé de las Casas y su Brevísima relación de la destrucción de las Indias).
Frentea otros procesos judiciales en los que los waorani han debido intervenir de una u otra manera, este sería el primero en el que se toma en cuenta la urgencia de un diálogo intercultural. La jueza de este caso se ha mostrado sensible a ello, ha hecho un esfuerzo de entendimiento de la situación de un pueblo que tiene pocos años de contacto con la sociedad envolvente, que tiene sus particularidades y su modo de pensar y relacionarse con su territorio y sus formas de entender a la justicia. En otros casos, lo que se ha visto es la comedia bufa de la justicia, sentando en el banquillo de los acusados a cazadores por cazar, a recolectores por recolectar y a guerreros por guerrear, atropellando todos sus derechos, incluyendo su derecho a la defensa.