El estado de excepción en cárceles priorizó el trabajo en seguridad
Con la declaratoria se debe mejorar la infraestructura carcelaria y reducir el hacinamiento, pero eso no avanza. Hay críticas.
Unmesdespuésdeque el presidente Lenín Moreno decretara el estado de excepción en el sistema carcelario, la mayoría de tareas ejecutadas han sido en temas de seguridad. Con esta medida, la intención es también reducir el hacinamiento, que actualmente bordea el 42%, y mejorar la infraestructura carcelaria.
Cuando ya ha transcurrido el 50% del tiempo establecido para esta medida, en estos dos últimos puntos solo se ha avanzado con el análisis de estrategias, planificación y revisión de las condiciones en que se hallan las prisiones.
Estos datos fueron entregados por la Dirección de Rehabilitación. Sus autoridades dicen que los centros de reclusión “tienen problemas muy profundos”yque“nienunmes ni en dos meses se puede solucionar todo”. “Es un trabajo a corto, mediano y largo plazo”.
La Defensoría del Pueblo, que vigila la aplicación de la emergencia, advierte que no se deben priorizar únicamente lastareasmilitaresypoliciales.
“Sehaquedadoenlaprimera etapa, es decir, en tratar de garantizar la seguridad. Pero no es un problema que se va a resolversoloconeso”,advierteel defensor Freddy Carrión.
De hecho, a partir del 27 de mayo, cuando se emitió el Decreto 754 y se fijaron los parámetros del estado de excepción, los soldados recibieron laordenycomenzaronatrabajar especialmente en los centros de rehabilitación de Cotopaxi, Guayas, Turi (Cuenca) y El Rodeo (Manabí).
La idea fue evitar el ingreso
de armas, droga, celulares y alcohol. Para eso, los policías también apoyan a los guías.
Personal élite de la Policía Nacional fue asignado para vigilar a los 80 cabecillas aislados en pabellones especiales.
Pese a esas medidas, nueve presos han sido asesinados en doscárcelesdeguayaquildentro del estado de excepción, y el último crimen se perpetró luego de tomar como rehenes a elementos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
Rehabilitación Social tiene previsto ejecutar al menos 12 proyectos para reducir la crisis, pero aún no hay fechas para llevarlas a cabo. Sus autoridades indican que todo dependerá del tiempo que tome, por ejemplo,lacompradecámaras de videovigilancia, de armas no letales para los guías, de escáneres que detecten armas de fuego y droga, etc.
Igual ocurre con los contratos para mejorar las áreas físicas que están en mal estado. El Gobierno ya entregó una parte de los USD 27 millones ofrecidos para estos proyectos.
La Defensoría del Pueblo dice que es urgente que en esta coyuntura de violencia entren a trabajar ministerios como el de Salud, de Educación e Inclusión Social, la Secretaría del Deporte, entre otros.
Estas instituciones, más los Ministerios de Trabajo y de Cultura, la Dirección de Rehabilitación Social y la Defensoría del Pueblo integran el denominado Organismo Técnico de Rehabilitación Social.
Según la Constitución (art. 202), esa instancia evaluará la eficacia de las políticas y administrará las cárceles del país. Pero desde que se decretó el estado de excepción, el organismo no se ha reunido.
El miércoles pasado, la Defensoría envió un oficio a la Presidencia de la República y pidió que se convocase a sus integrantes para “analizar la problemática del sistema penitenciario, la vigencia de la excepción y plantear mecanismos y alternativas de intervención”.
Luego dice: “Incluso se deberá considerar mantener sesión permanente del organismo técnico (...) Se debe incluir en la agenda la formación y capacitación penitenciaria para los aspirantes a guías”.
Un pedido para que se concretelareuniónyaseplanteóal anterior director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, pero la cita no se concretó y él dejó el cargo el 31 de mayo.
El Ministerio de Educación dice que en este primer mes de excepción no se han implementado nuevas acciones y que su tarea es garantizar la permanencia y culminación delaeducaciónparalospresos.
La Secretaría del Deporte, en cambio, detalla que han mantenidosusactividadesdeportivasyrecreativasparalosprivados de libertad; y que ayudan con instructores para estas tareas. Sus autoridades mantendrán mañana una reunión con la Dirección de Rehabilitación, para coordinar acciones.
En contexto Datos de la Dirección de Rehabilitación muestran que de enero a mayo se registraron 16 muertes violentas en las cárceles del país. El estado de excepción busca frenar los crímenes. La medida dictada por el Presidente tiene una duración de 60 días.