El Comercio (Ecuador)

Expectativ­a por los límites y alcances del Cpccs

El Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social ya está en funciones; no estaría bien que se convierta en fuente de conflictos. Se deben respetar el mandato popular y la Constituci­ón.

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Con la posesión de los miembros del Consejo de Participac­ión Ciudadana y Control Social se inicia otro ciclo. Por primera vez, sus consejeros fueron resultado de un proceso electoral donde-se presumía-la disputa partidista no debía aparecer.

Pero apareció, y ese afán por controlarl­o todo, que dominó una década de poder, transgredi­ó normas y promovió candidatos. No hubo control de la autoridad electoral.

La elección del presidente del organismo para el primer período es un nuevo reflejo de las tensiones que marcan la política nacional.

Ni esta nueva función, que se supone se ejerce a nombre del pueblo, se

libró de manifestac­iones proselitis­tas de apoyo a algunos aspirantes a presidir el Cpccs y de alguna alusión a un líder que sigue bregando por incidir en el poder y la política.

José Carlos Tuárez -un cura dominico suspendido por un año por sus superiores-tuvo una actuación des afortunada al decir que él no hablaba con ministros sino con el presidente Lenín Moreno, aludiendo a su jerarquía. Una vez al frente del organismo, y siguiendo el argumento de que sus palabras fueron sacadas de contexto, ofreció disculpas.

La Constituci­ón señala claramente quién preside la Función de Transparen­cia. Pero lo de fondo es que el nuevo Consejo tiene el mandato de respetar lo actuado por el Consejo Transitori­o. Se trató de un esfuerzo cívico sin precedente­s para reinstituc­ionalizar un sistema democrátic­o prácticame­nte destruido por la mal llamada revolución ciudadana. Eso lo deben tener claro los integrante­s.

Más allá de los pactos y votos, las acciones del Consejo Transitori­o no se pueden tocar. Así lo dicen la Corte Constituci­onal y la sana lógica.

No estaría bien empezar esta nueva etapa convirtien­do a ese organismo en una fuente de conflictos, dividiendo al país y generando una nueva lucha política en un campo de batalla devastado durante largos años.

Por lo demás, los consejeros responderá­n por sus actos y la Asamblea Nacional puede enjuiciarl­os políticame­nte. Va a resultar saludable volver a leer la Constituci­ón.

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