El Comercio (Ecuador)

Los derechos del consumidor se conocen poco

- Mónica orozco // editora de negocios

E l próximo mes la Ley del Consumidor cumplirá 19 años en el país y algunos de sus preceptos no se cumplen. en parte por desidia de las empresas para cumplir la norma, pero también es cierto que el consumidor no ejerce sus derechos, sea por falta de decisión, por desconocim­iento o porque el proceso para un reclamo puede ser largo y tedioso o incluso puede quedar en nada.

Un derecho de los clientes es, por ejemplo, que los precios de los servicios o productos se exhiban de forma clara, incluidos todos los impuesto y tributos. Pese a eso, es común ver en las cartas de los restaurant­es: “los precios no incluyen IVA ni servicio”.

Es posible que el consumidor también desconozca que puede reclamar por un bien o servicio de mala calidad hasta un año después de haberlo adquirido, aunque si el proveedor da un plazo mayor de garantía este será el que rija.

Si una compra es por teléfono, catálogo, televisión, Internet o a domicilio se puede devolver el producto en un plazo de tres días posteriore­s a la recepción. La Ley también prohíbe enviar cualquier servicio o producto sin que un usuario lo haya solicita doy, si eso ocurre, se entenderá que es gratis.

Además de la indemnizac­ión por daños y perjuicios ocasionado­s, una personas tiene derecho a la reparación gratuita del bien y, cuando no sea posible, a su reposición o a la devolución de la cantidad pagada en treinta días. Esto aplica por deficienci­as de fábrica, problemas dentro del normal uso en el período de garantía o cuando el producto tenga inferiores caracterís­ticas a las ofertadas o la cantidad vendida sea inferior a la indicada.

Poco se ha avanzado en la difusión de estos y otros beneficios de los clientes, a pesar de que la propia norma estableció el derecho ala educación del consumidor. Incluso se dispuso establecer este tema como una asignatura en el sistema educativo, lo cual tampoco se ha cumplido. es necesaria una articulaci­ón entre institucio­nes públicas, sector privado y ciudadanía para el ejercicio de estas disposicio­nes.

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