En las protestas violentas de octubre se atacó la Contraloría, símbolo contra la corrupción”.
Editorial el comercio
Amás del dolor por las vidas, los heridos y las millonarias pérdidas económicas, de los largos días de violencia ciega queda patente el golpe a un símbolo institucional: la Contraloría.
La violencia en la toma del edificio, la repetición del acto criminal, la destrucción con material inflamable -hasta restos de llantas se encontraron en algún piso-, siembran la sospecha de una acción concertada.
Mientras continúa la evaluación de los daños severos causados en la estructura, una línea de investigación apunta a una coordinación a través de mensajes por Whatsapp.
Por ahora, los más de 1 400 funcionarios de la entidad están repartidos en 12 oficinas. Sería de desear que el Gobierno agilite la entrega de un edificio desocupado, de tantos que tiene Inmobiliar y que pueda ser adecuado, para que el delicado trabajo se realice con la debida seguridad e interconexión tecnológica, y se facilite el contacto entre funcionarios.
Hace falta desanudar el ovillo. Entre los puntos neurálgicos elegidos por los atacantes están la oficina del Contralor, el departamento de cauciones y las oficinas de predeterminaciones, algunas de las cuales se hallan totalmente destruidas.
Pero no es solo el pasado reciente del edificio el que preocupa. Entre algunos hallazgos sobre su contratación está la diferencia entre el precio pactado oficialmente (USD 15 521 000) y los USD 4 300 000 provenientes de seis contratos complementarios y nueve órdenes de trabajo, firmados por la ex subcontralora destituida. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército, constructor de la obra, no la había entregado y la rémora superó los 170 días del convenio inicial.
En un acto solemne, la Fiscal General y el Contralor izaron ayer las banderas y formularon un compromiso de investigar y aplicar la ley sobre los responsables del acto criminal que atenta contra un símbolo en la lucha contra la corrupción y una institución llamada a ser modélica.
Más allá del daño de muebles, automotores y de eventuales afectaciones estructurales, los criminales y los autores intelectuales deben pagar con todo el rigor de la Ley.