Los infiltrados
Para el indispensable esfuerzo común de recuperar la sensatez y la unidad, se impone repasar, objetivamente, los sucesos de inusitada violencia vivida en el país y especialmente en Quito a consecuencia de la movilización indígena, cuya responsabilidad se atribuye a unos infiltrados.
La movilización indígena, cuya legitimidad se puso en duda por la violencia desatada, tuvo, como siempre, la logística eficiente para trasladar miles de personas a Quito. Sobrepasando las barreras que se presentaban, especialmente la presencia de militares y policías que, sin portar armas letales, no constituyeron impedimento real para llegar hasta Quito e imponer su bloqueo y paralización.
Esa logística estuvo complementada por una organización que desató la violencia, incendiaria unas veces, amedrentadora otras, que impuso el miedo en la sociedad.
Incorporando a la fuerza a trabajadores de actividades agrícolas ligadas con el campo. Paralizando actividades que sufrieron pérdidas irreparables. Pequeños agricultores, indígenas y no, perdieron sus cosechas y sus ingresos ante la imposibilidad de sacar sus productos.
La toma y suspensión del servicio de agua potable en Ambato es un acto criminal. La toma de pozos petroleros -los más afectados son los del Estado- transmite un mensaje de inseguridad e incertidumbre fatales para el país.
Estos actos de violencia fueron ejecutados por el movimiento indígena.
Los vandálicos, el incendio de los edificios de la Contraloría y Teleamazonas, son atribuidos por su dirigencia a elementos infiltrados en la movilización.
De algunos, como el ataque por la espalda al periodista Freddy Paredes de Teleamazonas, hay evidencia fílmica de que lo perpetró un individuo relacionado con la representante correísta en el Consejo Nacional Electoral. Cuando se comete un crimen –como el incendio del edificio de la Contraloría- hay que preguntar quién es el beneficiario del crimen para seguir su pista y determinarlo.
Ante esta realidad -y la fabricación de bazookas “artesanales”- que no se improvisan- el asalto al recinto militar en La Balvina, y la retención, humillación y manoseo de policías y militares- la acción policial puede haber tenido excesos, que deben ser determinados. Pero es necesario preguntarse, responsablemente, qué habría pasado sin la intervención de la fuerza pública. ¿Había que permitir que se tomen La Balvina? ¿Y que los que se tomaron la Asamblea permanezcan ahí? ¿Y que sigan incendiando y destruyendo?
Infiltrados existieron, sin duda, que coadyuvaron al “éxito” de la movilización, incendiando y paralizando la ciudad. Fueron la mano sucia de su ejecución.
Pero los responsables de la violencia son todos los que participaron en los actos de amedrentamiento, saqueo, desabastecimiento, desestabilización, toma de instalaciones y paralización y destrucción de servicios públicos. Todos ellos son o autores o cómplices o encubridores o infiltrados, en mayor o menor grado.