Un rebrote de violencia desgasta a Duque
El Ministro de Defensa dimitió tras la muerte de menores en los bombardeos
La dimisión el pasado miércoles del ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, fue la gota que derramó el vaso, tras un cúmulo de hechos brutales, que implicó un desgaste de esa Cartera de Estado e incluso de la presidencia de Iván Duque.
Botero anunció su renuncia ante la avalancha de cuestionamientos a su gestión, que derivaron en un intento de moción de censura en el Congreso, donde fue acusado de ocultar la muerte de menores de edad en un bombardeo militar.
Ahí, el senador opositor Roy Barreras reveló informes forenses de un bombardeo militar realizado hace dos meses contra disidentes de la exguerrilla FARC, que dejó 14 víctimas, entre ellas ocho menores, incluida una niña de 12 años.
El ahora exministro de Defensa también había sido cuestionado por la oposición y por organizaciones sociales debido a información inexacta en el caso de un exguerrillero de las FARC, asesinado por el Ejército en una zona fronteriza con Venezuela, a finales de octubre. También lo culpan del rebrote de la violencia en el conflictivo departamento cocalero del Cauca, donde la semana pasada fueron asesinadas 16 personas, en su mayoría indígenas.
Además, se vio arrastrado por el escándalo que estalló por un informe sobre presuntos vínculos de Venezuela con grupos armados colombianos. Duque presentó un informe al respecto ante la Asamblea General de Naciones Unidas, con al menos dos fotos que contenían información falsa.
De todos modos, el Mandatario destacó que en la gestión de Botero se redujeron los homicidios, se frenó la tendencia de crecimiento de los narcocultivos y el secuestro, y se dieron “grandes golpes” a líderes de grupos armados.
Pero “los retos son impresionantes para el país. Hay seis regiones de Colombia que están incendiadas”, afirma Ariel Ávila, de la Fundación Paz y Reconciliación. Se refiere a los lugares donde actúan los rebeldes del ELN, disidentes de las FARC y bandas narcotraficantes de origen paramilitar.
Pese a que el histórico pacto con la otrora guerrilla comunista alivió el conflicto armado, Colombia enfrenta un rebrote de violencia contra líderes sociales, indígenas, defensores de derechos humanos y excombatientes de las FARC.
Entre el 1 de enero del 2016 y el 17 de mayo del 2019 han sido asesinados 486 líderes sociales y activistas en Colombia, según la Defensoría del Pueblo. Desde entonces han matado a 170 exguerrilleros, según el ahora partido FARC.
El jefe de la misión de apoyo de la Organización de los Estados Americanos al proceso de paz en Colombia (MAPP/ OEA) urgió al Gobierno y a las autoridades indígenas a dialogar para enfrentar la violencia. “Si no lo hacen, vamos a seguir apilando muertos”, dijo Roberto Menéndez, tras presentar en Washington el último informe del grupo regional que desde hace 15 años monitorea los esfuerzos de pacificación.
“Hay unos 300 municipios considerados los más afectados: en la región del Pacífico, buena parte de la frontera con Ecuador y Venezuela y la zona de los llanos, hacia la Amazonía”, afirma Menéndez.