Jueces de cortes provinciales, cuestionados
La Mesa por la Verdad pide que los magistrados indagados no pasen a la Corte Nacional
La alerta llegó de la Mesa por la Verdad y la Justicia, un grupo que investigó cómo los operadores de justicia “se prestaron”, para la persecución correísta. Tras conocer que las 23 vacantes que hay en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) serán llenadas con jueces de cortes provinciales, la Mesa aseguró que algunos de estos magistrados también están señalados por asedio a opositores.
Por eso pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) que cruce los nombres con su informe de 249 páginas y “evite que lleguen al alto Tribunal”.
Este Diario revisó el informe y allí se menciona, por ejemplo, un caso denominado Defensores de la naturaleza en la Amazonía. Allí, la Sala de la Corte de Pastaza anuló la sentencia que liberaba de culpas a una procesada por protestas.
Luego, el Tribunal Penal dictó orden de prisión preventiva, pero el fallo no fue notificado al abogado defensor.
En la página 92, en cambio, se recoge lo ocurrido con el coronel Rolando Tapia, quien durante los hechos del 30-S fue jefe de la escolta legislativa y fue detenido porque aparentemente impidió el uso de la Asamblea. Su orden de captura se emitió el 5 de octubre del 2010. Se dispone que el arresto sería de 24 horas, pero se extendió a cinco días y aunque estuvo fuera de plazos se calificó la flagrancia del delito.
La investigación de ese caso dice que el Tribunal Penal de Pichincha dictó una sentencia de tres años. Según las investigaciones, para completar el Tribunal de juzgamiento se nombró a un juez específicamente para ese tema. El jurista actuó pese a que no contaba con una acción de personal.
La Judicatura señala que es urgente analizar los nombres de los judiciales señalados en los informes de las organizaciones de la sociedad civil.
Por eso se ratificó para pasado mañana una reunión con los integrantes de la Mesa por la Verdad y la Justicia.
Este grupo señala que “hay un listado amplio de jueces y fiscales sobre los que pesan graves indicios de actuación desapegada a derecho y muy posiblemente orientada a criminalizar a los disidentes del gobierno de Rafael Correa”.
En total, 493 jueces de cortes provinciales, de primer nivel y otros servidores judiciales son mencionados por persecución.
En esa lista también aparecen el juez que condenó en primera instancia al dirigente Paúl Jácome, luego de las protestas del 30-S, y el fiscal que lo acusó por 52 tipos penales. Tras la condena, ambos juristas pasaron a ser magistrados de la Corte de Cotopaxi.
Marco Zúñiga también fue procesado por el 30-S. En primera instancia fue sobreseído provisionalmente. Luego fue llamado a juicio por rebelión.
En una audiencia, a la Corte de Justicia de Pichincha asistieron 200 testigos, pero también aparecieron Ricardo Patiño, altos funcionarios de la entonces Judicatura y del desaparecido Ministerio de Justicia.
Finalmente fue condenado a cuatro años de cárcel.
Ramiro Manosalvas, en cambio, es militar retirado y fue vinculado a los hechos del 30S por insubordinación, luego por rebelión y finalmente por incitación a la rebelión. Este último ilícito se extinguió al entrar en videncia el actual Código Penal, en agosto del 2014.
El informe de la Mesa dice que la Corte Provincial de Pichincha ratificó todo lo actuado y quedó en firme la condena de tres años de cárcel.