837 pruebas; no hay pruebas
Más allá de los discursos políticos y los argumentos sin respaldos, la Fiscalía del Estado durante la actual etapa ha impulsado con decisión procesos delicados dentro de su tarea de investigación penal, en contraste con las administraciones anteriores. Más aún, cuando se tratan de casos escandalosos de corrupción ocurridos en el gobierno pasado, que poco a poco demuestran las irregularidades que esfumaron ingentes recursos, en contraste con las grandes necesidades económicas que tiene hoy el país. Lo difícil resulta recuperar los dineros robados.
Dentro del debido proceso y con derecho a la defensa en el caso Sobornos 2012-2016, en lugar de refutar con documentos una a una cada prueba presentada en contra de los miembros de lo que la Fiscalía califica de estructura delincuencial organizada, liderada por el prófugo en Bélgica y el sentenciado que está en la cárcel de Latacunga, lo que han hecho inicialmente como estrategia es tratar de deslegitimar el proceso, repetir que es nulo, que no hay pruebas y por ello un abogado tuvo la grosería y malcriadez de enviar a la jueza una fotografía de heces fecales. Ni siquiera respetó a una mujer.
La Fiscal General ha actuado con acuciosidad en las audiencias preparatorias del juicio penal para presentar, según los datos oficiales, 599 elementos de convicción individuales; 238 documentales. Exhibe 283 elementos de convicción comunes, 166 testimoniales, 39 peritos y 3 reproducciones de testimonios anticipados. Incluso, entre los testigos de cargo constan el hermano del ex presidente de la República y otros ex altos funcionarios de ese régimen, lo cual le podría hundir aún más.
A esto se suma la participación del Procurador del Estado, que es parte procesal en este caso, con la acusación de cohecho agravado, según el art. 286 del Código Penal anterior, pero también señalado en el actual COIP (art. 280) y la Constitución (art. 233), que declara imprescriptible y puede ser juzgado en ausencia. Aquí están procesados funcionarios públicos y contratistas privados que se beneficiaron en el gobierno anterior. En la Fiscalía y la Procuraduría estiman que en la formulación de cargos se presentará más de 300 pruebas documentales y 200 testigos.
Pero no es el único proceso en trámite de la herencia nefasta del régimen pasado. El caso de la concesión del campo petrolero Singue. Se decidió llamar a juicio porque hay serios indicios del delito y de la responsabilidad de los procesados, con 163 elementos de convicción. Esta indagación se desprende de un informe de la Contraloría con presunciones de responsabilidad penal en el cual determinó irregularidades en la adjudicación del campo. Según los documentos, los procesados habrían suscrito un contrato con inconsistencias legales, económicas y que se benefició a la empresa petrolera privada.