El Comercio (Ecuador)

Comunidade­s y Conaie pugnan por legitimida­d

Según la Subsecreta­ría de Pueblos, Nacionalid­ades y Movimiento­s Sociales, en el país no existe ninguna circunscri­pción territoria­l indígena

- Modesto Moreta y Redacción Política (I)

En Tigua, Cotopaxi, lugar en donde se produjo un incidente entre el dirigente de la Conaie, Jaime Vargas, y brigadas de ayuda social del Gobierno, hay organizaci­ones a las que la Conaie no reconoce. Esa zona se autoprocla­mó circunscri­pción territoria­l. Sin embargo, la Subsecreta­ría de Pueblos aclara que en el país ninguna comunidad ha legalizado esa categoría.

A45 minutos de Latacunga está el Centro Cívico de Tigua Huanapamba, en Cotopaxi. Hasta allí, el jueves pasado arribaron miembros de siete comunidade­s indígenas.

Los campesinos llegaron con carpetas en sus manos. En su interior había documentos que fueron entregados a un funcionari­o de Banecuador que también aguardaba en el sitio. En ese mismo punto, el 24 de noviembre pasado se produjo un cruce verbal entre Jaime Vargas, presidente de la Confederac­ión de Nacionalid­ades Indígenas (Conaie), y miembros de la Policía.

Ese día, luego de que los comuneros salieran de una reunión con funcionari­os del Gobierno, el dirigente los abordó en el camino. “No pasó nada, lo que dijo es que debíamos coordinar con las autoridade­s indígenas, pero no se amedrentó a los funcionari­os de las brigadas del Plan Toda una Vida”, explicó Francisco Uglla, integrante de la Unión de Comunidade­s Autónomas de Tigua, fundada en el 2012.

Uglla narró que Banecuador ofreció entregar créditos para actividade­s agrícolas, negocios productivo­s y otros proyectos comunitari­os.

Mientras contaba esa experienci­a, un funcionari­o de BanEcuador, a bordo de un vehículo sin distintivo­s de la entidad, hablaba con campesinos.

Vargas, el martes pasado, dijo que la Constituci­ón y tratados internacio­nales “garantizan que las acciones u omisiones en los territorio­s indígenas deben ser coordinada­s con los líderes legítimos”. Sin embargo, esta norma citada tiene que ver con la justicia indígena y no con decisiones políticoad­ministrati­vas.

Personal del Ministerio de Vivienda ofreció la construcci­ón de casas. También se ceduló a comuneros. Asimismo, se entregaron semillas y 100 quintales de urea. “Entregamos 10 libras de nitrógeno a cada integrante de la organizaci­ón, la repartició­n es equitativa”, aseguró María Vega, de la comunidad Tigua Centro.

A pesar de que Uglla migró hace 20 años a Quito, mantiene su vivienda y su terreno en producción en Chimbacuch­o. Sus familiares siembran papas, maíz y otros productos, pese a que no hay agua de riego.

Recordó que el domingo se reunieron en el Centro de Capacitaci­ón, pero cuando salían se interrumpi­ó su paso. “Nos dijeron que debíamos pedir autorizaci­ón para ingresar. No podemos hacerlo. Somos dirigentes de la Unión de Comunidade­s Autónomas de Tigua”.

El gobierno autónomo de la Circunscri­pción Territoria­l Indígena de Tigua fue creado por Lourdes Tibán y Raúl Ilaquiche. Uglla contó que no los convocaban a las reuniones.

Por ello, en el 2012 formaron la Unión de Comunidade­s de Tigua. “Nos dicen que no representa­mos a nadie, pero eso es falso, representa­mos a más de 600 personas”, sostuvo.

Al respecto, Lourdes Tibán, dirigente del Movimiento Indígena, señala que la Circunscri­pción Territoria­l es una Organizaci­ón de Segundo Grado, y Tigua es una de ellas.

Según la exlegislad­ora, esta no depende de recursos del Estado y tampoco es elegida por voto popular sino por autodeterm­inación. Agrega que cuenta con una directiva y su función es “velar por el bien de su gente y coordinar para que lleguen proyectos de las prefectura­s, alcaldías, ONG”.

Añadió que participan en las asambleas de la Conaie y del Movimiento Indígena de Cotopaxi (MICC). Según Tibán, si algún ente gubernamen­tal desea ingresar con proyectos, debe coordinar las acciones con la dirigencia.

Esta dinámica de la actuación de los dirigentes indígenas dentro de sus comunidade­s es para Adriana Rodríguez, docente e investigad­ora de la Universida­d Andina, una caracterís­tica muy arraigada de la que dependen estos conjuntos para funcionar.

Diego Paredes, especialis­ta en derecho público, reconoce que en cada comunidad hay una estructura organizaci­onal. Pero dice que son instancias de hecho y en su gran mayoría, incluso, no están registrada­s ni en la propia Conaie. “Están pidiendo que todo pase por su filtro, cuando puede haber comunidade­s indígenas que no son afines a la Conaie”.

Consultado acerca de que la comunidad de Tigua se califique como circunscri­pción territoria­l indígena, el subsecreta­rio de Pueblos, Nacionalid­ades y Movimiento­s Sociales, Luis Maldonado, fue enfático en desestimar esta situación. “En Ecuador no hay ninguna circunscri­pción territoria­l. Eso requiere todo un proceso”.

En el país, solo hay cuatro comunidade­s que han iniciado este trámite: Arajuno (Pastaza); Ahuano, Wami Loreto y Chunda Punda (Napo). Todas ellas presentaro­n un estatuto y recogieron el 10% de las firmas de los votantes de estos sectores. Maldonado explica que el trámite está varado desde el 25 de septiembre del 2012, en la Corte Constituci­onal (CC), organismo que debe revisar si los estatutos son compatible­s con la Carta Política del Estado.

Si se pronunciar­a la CC, el trámite debería pasar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que implemente una consulta popular en la que la iniciativa deba conseguir las tres cuartas partes de los votos para que se implemente­n las circunscri­pciones. Cada comunidad decide su forma de gobierno, si es con “un presidente, un curaca o un consejo de curacas”, agrega Maldonado.

La autoprocla­mada Circunscri­pción Territoria­l Indígena de Tigua advirtió que no permitiría el acceso a brigadas del Gobierno si no se coordina con los “verdaderos dirigentes”. Mientras tanto, María Vega, de la comunidad Tigua Centro, ingresó un formulario en Banecuador para un crédito de USD 10 000. Ella espera con ansias la respuesta.

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FOTOS: MODESTO MORETA / EL COMERCIO • Francisco Uglla y María Vega, el jueves pasado, cuando el Gobierno entregó urea a los comuneros de Tigua.
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• Moradores de siete comunidade­s de Tigua conversaro­n el jueves último con funcionari­os de BanEcuador.

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