Que nos devuelvan a Arthur
En su reciente artículo de opinión, Milagros Aguirre hizo un recuento -basado en varias publicaciones de las últimas décadas- que refleja claramente esa falta de memoria nacional que nos lleva a volver, una y otra vez, sobre el irresuelto problema de los derechos indígenas y la indiferencia del Estado y de la sociedad.
Porque del diagnóstico, de los sustos y de las admoniciones nunca pasamos, y ese es el espacio ideal para que aparezcan personajes como Jaime Vargas y medren del complejo de culpa nacional y de la inacción estatal.
Está claro que la crisis de octubre nos metió de lleno en la carrera preelectoral, y eso no excluye a los dirigentes indígenas. En esa lucha, Vargas está ganando mediáticamente, a costa de atribuirse ilegalmente funciones político-administrativas, desdecirse cuantas veces sean necesarias y retorcer la ley, como cuando distorsiona normas referentes a la justicia indígena para impedir la poca acción del Estado en las comunidades indígenas.
Más allá de las definiciones de la Constitución de Montecristi sobre los derechos y el alcance de las consultas, no se debe olvidar que en el correísmo hubo una fuerte tensión entre un gobierno que iba por todo el poder y unas organizaciones indígenas que querían que las acciones estatales pasaran por sus manos.
Correa, bajo su perspectiva de un control político sin resquicios, decidió atacar a las organizaciones y a los dirigentes, y eso significó, por ejemplo, cambios en el modelo educativo. Los resultados de esa política hoy son motivo de frustración, especialmente entre los jóvenes de los sectores rurales.
Lenín Moreno, también por razones políticas, decidió ir a la otra orilla pero sin el acompañamiento desde las respectivas entidades, lo cual confirmaría la hipótesis de que en varias de ellas los mandos medios siguen fieles a la época dorada. Es verdad que en la época morena no sobran ni dinero ni estrategas.
El resultado es una película de ficción en la que el Gobierno hoy se afana por llegar con sus programas y la dirigencia indígena se opone. La trama está adobada de un gran paternalismo que prefiere ver a Vargas como una víctima o como un victimario antes que como un actor político que debe responsabilizarse de sus actos como cualquier otro.
Hoy resulta que lo poco que se puede cumplir respecto de los programas sociales en el sector rural quedó en medio de una disputa político-administrativa absurda, cuyos perjudicados directos son personas de carne y hueso que necesitan mejorar en algo, y urgentemente, sus condiciones de vida.
Nos volvimos más papistas que el Papa. Somos el perro del hortelano, que no come ni deja comer. Con esta lógica tan miope, quizás debiéramos ir pensando en una declaratoria en toda regla para que el entusiasta Arthur sea devuelto a su territorio natal y ejerza a sus anchas sus derechos. Pero esa es otra ficción.