El Comercio (Ecuador)

Las dudas sobre la justicia

Geovanny tipanluisa

- / editor de seguridad y justicia

Es lamentable cómo el sistema judicial se enreda en más escándalos. Apenas posesionad­os, cinco magistrado­s de la Corte Nacional de Justicia son impugnados y señalados porque, aparenteme­nte, fueron parte del aparataje correísta para perseguir a los opositores.

Pero el problema es a todo nivel. El sábado, este Diario reveló cómo entre octubre y nombre pasados, un grupo de jueces liberó a 48 personas detenidas en aguas internacio­nales con 2,5 toneladas de droga.

El fallo favorable se produjo pese a las imágenes captadas por los investigad­ores. En esas tomas se observa cómo los narcos movilizan la carga ilegal, a través de un sistema que incluye a pequeñas lanchas.

Está bien el recambio en la Corte Nacional, pero al parecer las falencias son generaliza­das y al Consejo de la Judicatura le compete acelerar los procesos de evaluación y designació­n de jueces probos en el país.

Grupos como la Mesa por la Verdad y la Justicia piden una depuración completa.

No es posible que quienes acosaron en el anterior Gobierno ocupen altos puestos en las cortes. La autoridad judicial tiene suprema responsabi­lidad para evitar aquello.

Tampoco se puede permitir que, sin mayores justificac­iones, los magistrado­s cambien graves delitos penales por otros menores, que permiten a los procesados acceder a juicios cortos con beneficios incluidos.

Por ejemplo, una funcionari­a identifica­da con el correísmo pagó condenas por enriquecim­iento ilícito, tráfico de influencia­s y peculado en apenas 27 meses. Esos delitos son penados con hasta 13 años de cárcel. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Cómo actuaron los operadores de justicia? ¿Hay investigac­iones en curso?

En casos como el 30-S, los magistrado­s avalaron fases de investigac­ión que habían expirado, actuaron cuando no tenían potestad legal para hacerlo o emitieron prisiones preventiva­s fuera de los plazos fijados por el Código Penal. 493 judiciales de cortes provincial­es y de primer nivel están señalados por presuntas irregulari­dades. Hay que investigar.

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