Participación igualitaria y más control a las campañas
El proyecto modifica 160 artículos del Código de la Democracia. Los temas se dividieron en tres votaciones. El documento será enviado al Ejecutivo.
La Asamblea votó ayer los cambios al Código de la Democracia. Se fortalecerá el control electoral y la participación femenina será equitativa hasta el 2025. El Ejecutivo debe pronunciarse.
El control a los fondos para campañas y una nueva fórmula para la repartición de curules son los ejes centrales de la reforma al Código de la Democracia, en vigencia desde el 2009, que fue aprobada ayer por la Asamblea, con el cambio de 160 artículos.
La mayoría parlamentaria recurrió a la misma fórmula empleada en otras normas cruciales: los temas sensibles fueron votados por separado, como ocurrió en octubre con la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Después de que el Pleno diera su consentimiento, hubo tres votaciones consecutivas. Los cambios de mayor consenso entre las bancadas -que incluyen el control al gasto electoral- se votaron primero. La aprobación se dio con 113 votos de entre 119 asambleístas presentes. Solo cinco se abstuvieron y uno votó en contra.
Los temas sensibles vinieron después. Uno de ellos era la aprobación de nuevos lineamientos para la aplicación de la alternabilidad y paridad de género en las listas. En el hemiciclo hubo abrazos y aplausos entre las asambleístas, al lograr la aprobación con 113 votos. Solo el oficialista Fausto Terán y Ángel Sinmaleza (EXSUMA) votaron en contra. Roberto Gómez (Creo) y otros cuatro parlamentarios se abstuvieron.
La paridad de género se aplicará de manera progresiva. Para los comicios del 2021 , el porcentaje mínimo en las listas será del 15% (5 más del promedio actual). Mientras que para las seccionales del 2023 será del 30%. A partir de las elecciones del 2025, la meta es el 50% y que todos los binomios presidenciales sean mujer-hombre u hombre-mujer.
En una tercera votación se definió el cambio del método de asignación de escaños, del D’hondt al Webster, que fue el que mayor debate generó entre los legisladores. Obtuvo 76 votos, seis más de los que se requerían para su aprobación.
Se impuso el criterio de la mayoría de Alianza País (AP), Creo y dos bancadas de asambleístas independientes. Los bloques del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC) votaron en contra, con el argumento de que el cambio de la fórmula podría afectar a la gobernabilidad del país.
Ximena Peña (AP), ponente del proyecto y presidenta de la Comisión de Justicia, manifestó que estas “son reformas sus
tantivas que van a equilibrar la cancha, para que los jugadores en la contienda electoral tengan condiciones justas”.
La aprobación se dio a menos de tres meses de que, en febrero próximo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convoque a comicios para el 2021, para elegir asambleístas y nuevo Presidente de la República.
A partir de que la Asamblea remita el documento aprobado, el Ejecutivo tendrá 30 días para presentar sus observaciones y el Parlamento otros 30 para ratificarse o allanarse, en caso de un veto. “Se han estado coordinando los temas con el Ejecutivo, así que esperemos que, en ese sentido, no vengan mayores novedades”, manifestó el presidente de la Asamblea, César Litardo (AP).
El cambio del método de asignación de escaños supone que las minorías tengan una mayor representación, según Peña. Este se usa para la designación de curules en la Asamblea Nacional, principalmente, y en elecciones de concejales.
En la práctica, consiste en cambiar la fórmula de divisores continuos (1, 2, 3) a discontinuos (1,3,5) para ese proceso.
La correísta Marcela Aguiñaga cree que el método de Webster no fortalecerá a las organizaciones políticas de mayor peso electoral. “Lo que va a suceder -agregó- es que va a haber una repartición de los escaños a los partidos que tienen muy pocos votos y que al fin del día vamos a ver si en el próximo periodo le van a dar gobernabilidad al país”.
Otro de los cambios relevantes tiene que ver con la votación por listas cerradas, no por candidatos para los próximos comicios (ver recuadro).
En cuanto al control a los gastos de campaña, se incluyó una transitoria para la implementación de un sistema de control de financiamiento de la política, que deberá estar listo tres años después de que la reforma sea publicada en el Registro Oficial.
El CNE, el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Contraloría, Fiscalía y demás organismos de control -en un plazo de 120 días- deberán implementar un sistema de interconexión de datos. En ese mismo plazo se deben realizar tres auditorías urgentes: al registro electoral, al sistema informático del CNE y al sistema de validación de firmas del organismo.
Tras la decisión del Pleno, una de las primeras en reaccionar fue la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien afronta un pedido de juicio político por parte del bloque de Creo.
Atamaint consideró que el articulado permitirá realizar un mejor control del gasto electoral, regular el fondo partidario y transparentar las cuentas de los partidos.
En las reformas hay sanciones contra la violencia política de género, y será sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).