El paro nacional se investiga en 5 frentes
Los informes que emitirán la ONU y la CIDH no son de cumplimiento obligatorio del Estado
El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) decidió efectuar un seguimiento a las investigaciones que se realizan sobre las manifestaciones en contra del Gobierno, ocurridas entre el 3 y 13 de octubre pasados.
Hoy está previsto que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, asista a la sesión del Pleno del Cpccs, en donde esperan conocer los avances de acciones “en la protección de las personas que pudieron haber sufrido agresiones por parte de las fuerzas del orden”.
La Defensoría del Pueblo es una de las tres entidades nacionales que llevan adelante investigaciones. También lo hacen la Fiscalía General y la Asamblea Nacional. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) actúan como organismos internacionales. Es decir, a la par avanzan cinco indagaciones sobre el paro.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió el pasado viernes un comunicado sobre la información recabada durante la visita del organismo al país. Esa entidad aún no ha presentado su informe final, por lo que el documento no es una conclusión.
El Gobierno, ante ese comunicado, dijo que enviaría “información adicional a los organismos internacionales, respecto de la transparencia del accionar del Estado frente a grupos violentos”.
El anuncio lo hizo el canciller José Valencia, tras una reunión entre el presidente, Lenín Moreno, y el secretario general de la ONU, António Guterres, en el marco de la Conferencia sobre el Cambio Climático 2019.
Hasta el momento no se ha definido qué tipo de informa
ción se remitirá. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que el Ejecutivo está dispuesto a entregar todos los datos que requieran los organismos internacionales.
Por su parte, la CIDH explicó a inicios de noviembre que el informe final se presenta
ría durante este mes. Entre las preocupaciones de este organismo, en un primer pronunciamiento están las denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos. También recibió testimonios sobre “diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufri
das por agentes del Estado que podrían constituir delitos, como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias”.
¿Qué efecto tiene este tipo de informes internacionales? De acuerdo con el excaciller José Ayala Lasso, los documentos de estas entidades de derechos humanos tienen “un peso moral y ético”.
Lasso apuntó que “no son de cumplimiento obligatorio, ya que no crean una acción específica al Estado, pero sí en lo que se refiere a su función de respetar y proteger los derechos humanos”, señaló Lasso.
En el país, la Defensoría del Pueblo conformó una comisión para investigar lo acontecido. Según Carrión, el objetivo es determinar responsabilidades sobre vulneración de derechos humanos durante la represión de octubre. A inicios de noviembre, María Paula Romo dijo a este Diario que dentro de la Policía se investigan dos posibles casos de un supuesto mal uso de la fuerza.
Mientras tanto, la Comisión Ocasional de la Asamblea prevé votar el informe final que pasará al Pleno para su discusión, el próximo lunes. Esta mesa legislativa todavía no establece las posibles conclusiones de la indagación.
El legislador explicó que el informe podría determinar responsabilidades políticas para funcionarios del Estado, así como indicios penales para manifestantes que actuaron de manera violenta.
Por su parte, la Fiscalía investiga una denuncia por incitación a la violencia en contra Jaime Vargas, presidente de la Conaie; Leonidas Iza, dirigente de Cotopaxi, y Rafael Pandam, del Parlamento de Nacionalidades indígenas. Dicha denuncia fue interpuesta por Marcelo Hallo, excandidato a la Prefectura de Pichincha.
Ninguno de los tres dirigentes indígenas ha asistido a las diligencias convocadas por la Fiscalía General del Estado.