Médicos y surkuna hablaron de recorte en salud preventiva
Cada día, 14 niñas, de menos de 14 años, son víctimas de violencia y resultan embarazadas, recordaron especialistas
Adiario, en Ecuador nacen alrededor de 160 bebés de adolescentes de entre 12 y 19 años. Y ellas tienen un segundo embarazo luego de dos o tres años.
Las cifras las presentó el ginecólogo Octavio Miranda, director del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ecuador, ayer.
En una conferencia de prensa conjunta, delegados médicos y organizaciones de mujeres denunciaron el recorte presupuestario en la proforma 2020, para prevención del embarazo adolescente, implementación de la Ley para la erradicación de la violencia y para salud mental.
El ginecólogo Miranda también recordó que la mayoría de adolescentes resulta embarazada de un hombre mayor de 30 años. Y que una niña tiene cinco veces más probabilidades de morir que una adulta. Y las adolescentes, por lo menos dos veces más.
“Respeten el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva”, dijo Miranda.
La médica Susana Guijarra, quien dirigió el Programa de Adolescencia en el Ministerio de Salud, dijo que se encuentra indignada por la falta de presupuesto.
“El Estado debe garantizar el derecho a educación y salud de adolescentes y de niñas de 10 a 14 años, que son las que más se embarazan y eso implica violencia, abuso”.
Para esta médica la adolescencia es la edad más importante, en la que se decide el proyecto de vida. Este país -precisó- tiene 31% de adolescentes y jóvenes, este bono se acaba en el 2030.
Si una mujer se queda embaraza a esta edad tan temprana, señaló, debe dejar de estudiar, no tendrá acceso al trabajo y es la puerta de entrada del fracaso. “La pobreza tiene cara de mujer adolescente”.
La abogada Ana Cristina Vera, directora ejecutiva de Surkuna, recordó que en Ecuador, cada día, 14 niñas menores de 14 años son víctimas de violencia sexual y resultan embarazadas.
Por eso le parece grave eliminar el fondo para prevención de embarazo adolescente. Y reducir en el 84% el presupuesto para ejecutar la Ley para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
“Es poco efectivo y más caro para un país reducir estos presupuestos”, dijo Vera.