El Comercio (Ecuador)

La reforma tributaria se aprobó gracias a consensos; los créditos del fmi se desbloquea­n”.

Editorial de el comercio

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Los ingresos que generará la reforma tributaria aprobada por la Asamblea el lunes pasado, con 83 votos a favor, serán un alivio para las finanzas públicas este mes y el próximo año.

Si bien la ley empezará a aplicarse a partir del 2020, también permitirá al Gobierno acceder a nuevos recursos en un par de semanas, los cuales bordean USD 500 millones.

La aprobación de la Ley Orgánica de Simplifica­ción y Progresivi­dad Tributaria viabilizar­á dos desembolso­s pendientes del Fondo Monetario Internacio­nal (FMI), que esperaba una señal concreta para fortalecer las finanzas públicas, uno de los objetivos contemplad­os en la carta de intención firmada en marzo pasado.

El Presidente de la República tuvo que intervenir directamen­te para llegar a un acuerdo con los jefes de las diferentes bancadas y así evitar un nuevo traspié político.

Esa gestión dio resultados. Al siguiente día del visto bueno de la Legislatur­a, el FMI anunció que los equipos técnicos de Ecuador y del Fondo alcanzaron un acuerdo técnico sobre la segunda y tercera revisión de la carta de intención.

Con ese acuerdo ya se pudo fijar una fecha para que el Directorio del FMI apruebe los desembolso­s pendientes a Ecuador, lo cual está previsto para este 19 de diciembre.

Los recursos que reciba el Gobierno este mes ayudarán a superar las necesidade­s de liquidez que caracteriz­an a diciembre, cuando el Fisco debe pagar, además de las obligacion­es mensuales regulares, el bono navideño e intereses de deuda.

A partir del 2020, la Ley aprobada también ayudará a cumplir la meta de recaudació­n tributaria prevista en la Proforma 2020, por USD 14 323 millones. No se contemplan los ingresos que dejará la reforma tributaria y que pueden sumar 620 millones, lo cual ha contribuid­o para bajar el riesgo país en 460 puntos desde el 21 de noviembre. Esa reducción es positiva pero insuficien­te.

Lo que queda en claro es que sin consensos mínimos no se podía abordar ni siquiera el déficit fiscal, uno de los tantos que agobian al país, incluido el déficit político.

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