El informe de la CIDH, serio y revelador
El informe leído en Washington tiene consideraciones decidoras sobre el secuestro y muerte del equipo de este Diario. La propuesta de reparación integral a los familiares es un punto central.
La Comisión Interamericana para los Derechos Humanos sacó sus conclusiones y fueron ventiladas públicamente. El informe fue leído en una reunión especial para el efecto, convocada en Washington, a la que concurrieron los familiares de los asesinados.
Los miembros del equipo de este Diario: el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron secuestrados en Mataje y luego asesinados en territorio colombiano.
La selva de frontera era el terreno de operaciones de un frente disidente de las FARC, conocido como Oliver Sinisterra, dedicado a operaciones ilegales como el narcotráfico.
Los delincuentes fueron responsables de varias acciones terroristas contra fuerzas del orden ecuatorianas en los primeros meses de 2018.
Para cubrir esa realidad noticiosa varios equipos periodísticos de este Diario y otros medios del país se desplazaban a esa zona de Esmeraldas.
Es un deber mantener a la opinión pública bien informada.
Los desplazamientos se hacían con todas las precauciones del caso, cumpliendo las salvaguardas de seguridad en este tipo de situaciones.
La mañana del 26 de marzo de 2018, contando con la autorización del Jefe del Mando Unificado, nuestro equipo llegó a la población de Mataje.
Luego de largos análisis de información la CIDH encuentra que hubo descoordinación de aquel Mando Unificado y del Destacamento de Infantería de Marina. La CIDH también determinó que las fuerzas del orden no advirtieron de los peligros que rodeaban a la zona fronteriza.
El documento ratifica que no hubo la intención de entrevistar al cabecilla ni de cruzar la frontera. Los periodistas fueron llevados a Colombia y asesinados días después, lo que produjo un efecto de shock en la opinión pública nacional y una solidaridad inmensa con sus familias.
El informe recomienda a los gobiernos de Ecuador y Colombia, cuyos estamentos judiciales realizan investigaciones por separado, que se repare a las familias afectadas.
Los familiares dijeron que el caso no termina con este informe.