La trágica historia de Paola
El testimonio es desgarrador. Sentada frente a los magistrados de la Corte Interamericana de DD.HH., Petita Albarracín detalló cómo su pequeña hija Paola se quitó la vida después de ser agredida sexualmente por el vicerrector del plantel en donde estudiaba.
El Estado se disculpó por este terrorífico hecho. Pero debieron pasar 18 largos años y una pesadilla que la madre vivió en las oficinas judiciales, en donde el caso no avanzó. Cuatro años permaneció bajo reserva. Desde ese fatídico 2002, la legislación ha cambiado en el país. Los delitos sexuales contra menores, por ejemplo, ya no prescriben.
Está bien que se ejecuten esos cambios, pero la investigación judicial respecto de estos execrable ilícitos todavía es débil.
Desde el 2014, en las oficinas fiscales del país están represadas 338 166 causas de violencia sexual. Solo uno de los investigadores tiene en su poder 6 320 expedientes. Imposible evacuarlos con agilidad.
Contrariamente a la carga laboral reportada, la Fiscalía General y sus departamentos cuentan con menos recursos económicos. De USD 153,8 millones que tenía en el 2014, para este 2020 cayó a USD 138,8 millones.
Esta problemática requiere una atención urgente y que nadie politice estos sensibles casos, como ya sucedió en el 2018.
En medio de la calentura de los acontecimientos, las entonces autoridades del Ministerio de Educación posaron para las cámaras, llegaron con carpetas en mano y entregaron en la Fiscalía 328 denuncias sobre abusos registrados en el sistema educativo. Incluso hubo políticos que en esos mismos días aparecieron en instancias judiciales como defensores de los niños violentados sexualmente.
¿Saben qué sucedió con sus quejas? ¿Hicieron algún seguimiento? Parecería que no. Ni la Fiscalía ha respondido al respecto.
Que no ocurra otro caso como el de Paola. Hoy se sabe que allí hubo profundas falencias en la investigación y sanción. Ahora que el Estado se disculpó con la familia, su obligación es reparar el buen nombre de la niña. Háganlo.