La Corte Constitucional resolvió 595 causas en su primer año
En febrero del 2019, los nueve jueces recibieron 10 514 casos que no fueron tratados en anteriores períodos. Actualmente hay 3 331 causas represadas.
La nueva Corte Constitucional (CC), una de las entidades cuyas autoridades fueron designadas como parte de la etapa de transición tras la consulta popular de febrero del 2018, cumple hoy su primer año.
Los nueve magistrados se posesionaron el 5 de febrero del 2019 con un reto: resolver las 10 514 causas represadas de anteriores períodos. Actualmente, según datos de las unidades técnicas de la CC, existen 3 331 causas represadas, entre las sentencias y los dictámenes constitucionales.
Entre el número de causas tramitadas hay casos en diferentes fases: admisión, sustanciación, selección y revisión. Es decir, la evacuación de las causas no tiene que ver solo con resoluciones.
La CC informó que durante el último año, 595 causas fueron resueltas. “Hay un gran porcentaje que continúa su tránsito hacia etapas que llevarán a una resolución final”, señaló la Corte Constitucional.
Más allá de los números, el primer año del máximo órgano de interpretación constitucional estuvo marcado por decisiones que sentaron precedentes en temas de género, pensiones de jubilados, libertad de expresión y salud.
En cuestiones de género, el caso que acaparó la atención nacional fue la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. En junio del 2019, con cinco de los nueve votos del Pleno, la CC declaró “la inconstitucionalidad del artículo 81 del Código Civil y el artículo 52 de la Ley de Gestión de la Identidad y Datos Civiles”. En ese artículo se
En contexto
Hace un año la Asamblea Nacional posesionó a los nueve jueces que hoy integran la Corte Constitucional. Esta fue una de las entidades cuyas autoridades fueron nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) Transitorio.
establece que el matrimonio “es la unión entre un hombre y una mujer”. También, dispuso que la Asamblea reconfigure la institución del matrimonio para que se dé un trato igualitario a las personas del mismo sexo.
Esa no fue la única decisión en lo relacionado a parejas del mismo sexo. En diciembre pasado se dictaminó que el Registro Civil tuviera la obligación de registrar la unión de hecho, sin distinción alguna por su orientación sexual.
Para el constitucionalista Emilio Suárez, la CC ha dictado sentencias que pueden considerarse como impopulares, porque han privilegiado derechos de las minorías sujetas a un régimen constitucional. “Busca que prevalezca el derecho de las minorías, para que no sean aplastados por las mayorías”, dijo el experto.
La libertad de expresión también fue abordada por la CC. La acción de protección presentada por la Secretaría de la Administración Pública en contra de Diario La Hora, durante el correísmo, fue la base para determinar, mediante un dictamen, que las instituciones públicas no son titulares del derecho al honor.
En el mismo caso, también falló a favor de las audiencias. El dictamen estableció que el derecho a la rectificación o réplica “es un mecanismos idóneo” al que puede acudir quien se sienta afectado por una información errónea.
El control constitucional fue más riguroso para esta Corte. Muestra de esto fueron tres pedidos de consultas antimineras que no pasaron los filtros establecidos por la entidad.
A finales de diciembre pasado, la CC determinó que sí es posible consultar a un territorio sobre este tema. Sin embargo, ninguna iniciativa ha pasado el control de la Corte, que se basa en tres elementos: garantizar la libertad de los electores elector, que exista claridad y lealtad en la pregunta y que el pedido no incurra en prohibiciones, violaciones ni reformas constitucionales.
Juan Francisco Guerrero, constitucionalista, refirió que la forma de votar en el Pleno respecto a este tema evidencia que al interior de la Corte hay posiciones “claramente opuestas”. La decisión de que sea posible consultar sobre temas mineros no se tomó por unanimidad sino por mayoría.
Guerrero dijo que las diferentes posturas permiten que exista un debate alrededor de las decisiones que se toman en el Pleno de la entidad.
Para la Corte, el mayor tipo de causas continúa siendo las acciones extraordinarias de protección. Entre febrero del 2019 y el 29 de enero del 2020, la CC ha tramitado 239.
Una de las primeras acciones que emprendieron los nuevos jueces fue establecer parámetros más claros para estos pedidos. “A lo largo del año se hicieron revisiones periódicas de los criterios para unificarlos y lograr mayor armonía”, informó la CC.
Otra acción fue la de modificar la Sala de Admisión, instancia que acepta las causas que pueden ser objeto de análisis constitucional. Antes existía solo una en la que actuaban tres jueces. Desde febrero del 2019 se constituyó esta sala única, que estaba conformada por tres tribunales que actúan simultáneamente, con tres magistrados cada uno.
Además de esta acción, esta Corte implementó el sorteo electrónico, una acción que dejó pendiente la anterior CC. Consiste en la asignación de causas a cada juez mediante un programa informático.
Para Guerrero, una deuda de la actual CC es la resolución más ágil de casos. Añadió que, si bien se “ha hecho un gran esfuerzo en el tema de admisión”, en la etapa resolutiva, en lo que tiene que ver con pronunciamientos de fondo, los casos aún quedan represados.
Suárez, por su parte, señaló que un problema sobre este tema es el sistema con el cual opera la CC. “No le permite ser más ágil porque todas las decisiones se adoptan en el Pleno. Obviamente esa instancia no puede reunirse a tratar 100 casos al día”, comentó.