El Comercio (Ecuador)

El trámite de nuevos convenios de inversión, parado casi 3 años

El proceso para firmar estos nuevos convenios lleva casi tres años. La Corte anterior determinó que son contrarios a la Constituci­ón.

- Mayra Pacheco (I) mpacheco@elcomercio.com

El proceso para firmar 16 instrument­os, que fueron eliminados en el gobierno de Rafael Correa, no avanza por un fallo de la Corte Constituci­onal anterior, que determinó que esos documentos son contrarios a la Carta Política.

El proceso para que Ecuador firme nuevos Tratados Bilaterale­s de Inversión (TBI) se encuentra detenido. Esto ocurre, pese a que han transcurri­do ya casi tres años desde que el Gobierno anterior -a pocos días de finalizar su período- diera por terminados 16 de estos instrument­os.

La negociació­n de los TBI se encuentra “paralizada”, debido a la limitación existente en los dictámenes de la anterior Corte Constituci­onal (CC), informó ayer a este Diario la Cancillerí­a.

Este organismo, que fue cesado por el Consejo de Participac­ión Ciudadana Transitori­o en el 2018, determinó que las cláusulas de solución de diferencia­s entre los inversioni­stas y el Estado, contenidas en dichos tratados, eran contrarias al artículo 422 de la Constituci­ón.

Esa norma establece que “no se podrá celebrar tratados o instrument­os internacio­nales en los que el Estado ecuatorian­o ceda jurisdicci­ón soberana a instancias de arbitraje internacio­nal, en controvers­ias contractua­les o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

La entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, presentó en agosto del 2018 a este organismo una acción de interpreta­ción para determinar el alcance de ese artículo.

A esto se sumó en junio del año pasado un recurso llamado “amicus curiae”, interpuest­o por la Cancillerí­a y el Ministerio de Producción y Comercio Exterior, para ser parte en el mismo proceso presentado por Cabezas. Pero la nueva Corte, que tiene un año en funciones, aún no se ha pronunciad­o.

Esto ha impedido avanzar en la firma de estos acuerdos con las naciones. “A todos los países que tienen interés de suscribir un TBI con Ecuador se les ha informado, por cuestión de transparen­cia, la limitación que existe al momento, por los dictámenes de inconstitu­cionalidad”, refirió la Cancillerí­a.

Los representa­ntes de la Cámara de Comercio Ecuatorian­o Americana (Amcham) y de la Unión Europea (UE) están al tanto de que se requiere un nuevo dictamen de la CC para avanzar con este proceso.

El trámite en este organismo es clave porque, según su pronunciam­iento, se podrá seguir con esta gestión.

Este Diario consultó a esa entidad sobre el avance del proceso relacionad­o con los TBI. Hasta el cierre de esta edición se estaba gestionand­o la informació­n.

La Cámara de Comercio Ecuatorian­o China mencionó que, luego de que el expresiden­te Rafael Correa diera por terminado los TBI, hubo el ofrecimien­to de firmar nuevos tratados llamados Convenios Bilaterale­s de Inversión (CBI), pero esto no ocurrió. La idea era adaptar esos instrument­os a la norma constituci­onal.

Por esto, durante la visita a China que hizo el primer mandatario, Lenín Moreno, a fines del 2018, se firmó un memorándum de entendimie­nto con la intención de retomar las negociacio­nes, que conduzcan hacia un posible nuevo tratado de inversione­s. “En la actualidad, conocemos de la existencia de un borrador, pero hasta el momento no se tiene informació­n sobre si han llegado a un acuerdo en el tema”, dijo esa Cámara.

La Amcham refirió que uno de los aspectos fundamenta­les de un TBI es la posibilida­d de arbitraje internacio­nal para la resolución de conflictos inversioni­sta-estado. “En el caso de los Estados Unidos, creemos que con la firma de un acuerdo comercial se supera la suscripció­n de un TBI, ya que dentro del primero se contempla un capítulo de inversione­s”.

En la visita que realiza el presidente Moreno a EE.UU. esta semana también se prevé tratar temas de comercio (ver nota de la página 2).

Para solventar, en parte, el vacío generado por la falta de TBI, el Gobierno incluyó en la Ley para el Fomento Productivo y Atracción de Inversione­s, en vigor desde agosto del 2018, un artículo que permite que en los contratos de inversión que superen los USD 10 millones, el Estado pacte arbitraje nacional o internacio­nal.

Este insumo, sin embargo, no ha aportado de manera significat­iva. “Quizás el Gobierno no ha difundido lo suficiente este artículo o los inversioni­stas quieren un instrument­o más fuerte”, mencionó David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ).

Los TBI son convenios que estimulan, en parte, una mayor atracción de inversione­s, porque generan un marco jurídico más estable para los nuevos flujos productivo­s que lleguen al país, dijo Xavier Robalino, catedrátic­o y árbitro internacio­nal.

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