Demanda de Correa impide que el juicio por Sobornos avance
La audiencia se suspendió. Recusación se resolverá mañana.
La demanda de recusación del expresidente Rafael Correa obligó a suspender la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos. Ayer, a las 12:15, los jueces Iván León, Marco Rodríguez e Iván Saquicela fueron informados sobre la querella en su contra.
En ese momento, los magistrados tuvieron que excusarse de seguir con la diligencia. Los representantes de la Fiscalía y Procuraduría, los testigos y los defensores abandonaron el auditorio de la Corte Nacional.
Según Fausto Jarrín, defensor de Correa, el Tribunal fue designado sin un sorteo. Dijo que hubo irregularidades y que los tres jueces no son competentes para juzgar a su cliente ni a otras 20 personas, entre estas Jorge Glas, Alexis Mera, Vinicio Alvarado, Walter Solís, Viviana Bonilla y empresarios.
La Corte Nacional convocó a León, Rodríguez y Saquicela a la audiencia de recusación que se realizará mañana a las 10:30. Un Tribunal escuchará los argumentos de Jarrín y luego emitirá una resolución: confirma a los jueces en el caso o los separa definitivamente. Hasta que este recurso se tramite, el juicio seguirá suspendido.
En los tres días de audiencia, el Tribunal ha escuchado la teoría de la Fiscalía y los argumentos de los defensores. Además recogió las declaraciones de ocho personas.
Ayer, por ejemplo, comparecieron dos representantes de empresas de producción audiovisual y publicidad. Ambos rindieron testimonios a favor de la Fiscalía. En la investigación, uno de los ellos entregó la factura N° 5039, cuyo cliente es Metco; su directivo, Rafael Córdova, se encuentra procesado. Sin embargo, el spot publicitario elaborado se entregó finalmente a Alianza País.
Un segundo ejecutivo dijo que en el anterior Gobierno su empresa realizó productos de comunicación para la campaña Yasunidos, pero las facturas fueron pagadas por Equitesa, cuyo dueño es Pedro Verduga, otro procesado en el caso.
En agosto del 2019, la agencia de publicidad envió a la Fiscalía las copias de las facturas N° 280300, 280301 y 280302, que se refieren a publicidad escrita y radial y “un manifiesto para prensa sobre Yasunidos”.
La abogada de Verduga, Gabriela Moreira, confirmó los pagos. Dijo que “el Estado se benefició con la campaña Yasunidos”. El lunes aseguró que su cliente aportó al partido por presión de Pamela Martínez.