El Comercio (Ecuador)

La ley de plusvalía, dos años después

XAVIER BASANTES

- / MACROEDITO­R

El domingo 4 de febrero del 2018, los ecuatorian­os acudieron a las urnas para pronunciar­se en la consulta popular y referendo convocado por Lenín Moreno. En esa ocasión, un 63% de electores aprobó la derogación de la Ley Orgánica para Evitar la Especulaci­ón sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como ‘Ley de Plusvalía’.

Esa normativa se aprobó en el Gobierno de Rafael Correa y generó rechazos de empresario­s y gremios de la producción, por considerar que desalentab­a la generación de empleo y afectaba al sector inmobiliar­io.

Entre los argumentos que se mencionaro­n para impulsar la derogatori­a de esa ley se contempló que se habían perdido más de 140 000 empleos y que la norma generó una contracció­n de USD 1 500 millones en el sector de la construcci­ón, en todo el país.

A pesar de esa derogatori­a, dos años después, el sector de la construcci­ón aún no levanta cabeza. De acuerdo con cifras del Banco Central (BCE), la actividad empezó a decrecer desde septiembre del 2018 y para el 2019 se espera una caída cercana al 4%.

Indudablem­ente uno de los factores que contribuye­n a esta situación es la caída de la inversión en obra pública, por parte del Gobierno. Si a eso se suma la pérdida de empleo adecuado, muchas personas han postergado la decisión de adquirir viviendas.

Las perspectiv­as para este año advierten una leve mejoría, en la medida en que el Banco del IESS promueve un plan para incrementa­r la entrega de créditos hipotecari­os (al menos USD 800 millones, con bajas tasas de interés y plazos que llegan hasta los 30 años), hay el fomento de viviendas de interés social (gracias a la colocación del bono social por USD 400 millones) y en el horizonte se prevé un mayor gasto en los planes de inversión pública.

Junto a estas acciones se esperan estrategia­s de los constructo­res e inmobiliar­ias, para facilitar la entrega de bienes inmuebles; y también la gestión de la banca privada, para incrementa­r la entrega de créditos. Esta puede ser una vía de reactivaci­ón económica sin duda.

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