Los shuar optan por litigar en la Fiscalía indígena
La Fiscalía de Asuntos Indígenas de Morona recibe un alto número de denuncias al año
El personal de la Fiscalía de Asuntos Indígenas de Morona Santiago pertenece al pueblo Shuar y eso genera confianza en la población. En el 2019 se presentaron 409 denuncias allí por violencia intrafamiliar, abuso sexual y ocupación ilegal de suelos. Mientras que las llamadas Asambleas Comunitarias resuelven casos de injurias y brujerías denunciadas en la provincia.
El pequeño de cuatro años vio morir a su madre Neyda, de 24 años. Un día, el conviviente la sacó a la fuerza de su casa y la obligó a caminar varios metros. La sometió con un puñal; la llevaba sujeta del brazo. Ella lloraba, sangraba y con señas pedía ayuda a los vecinos, pero fue atacada mortalmente. Hoy, el hombre está detenido y espera su sentencia. En la Fiscalía de Asuntos Indígenas de Morona (FAI) reposa el expediente en el que aparecen los detalles sobre las horas previas a la muerte.
Todo ocurrió el 18 de octubre del año pasado; el sol asediaba en Taisha, un cantón de Morona Santiago. El pequeño poblado shuar estaba desolado y solo dos vecinos caminaban hacia sus huertas, recuerdan los testigos. Uno de ellos le pidió al conviviente que soltara a la joven. Pero no reparó. La apuñaló varias veces en el pecho, espalda y otras partes del cuerpo de Neyda.
Quienes investigan el caso saben que los gritos desgarradores del niño sacaron a los vecinos de sus casas de tabla. Tres mujeres lo abrazaron, pues el hombre se hizo una herida en el cuello y rodó por un barranco. Los familiares y pobladores siguen consternados por esta escena. “Ella se había separado por los maltratos físicos”, dice una prima. La Fiscalía de Asuntos Indígenas de Morona investiga delitos como femicidios, muertes violentas, violaciones, atentados, violencia intrafamiliar.
En los casos de delitos menores como querellas, amenazas, linderos, injurias, brujerías, entre otros, los shuar prefieren resolverlos a través de la Asamblea Comunitaria, liderada por el Síndico, la máxima autoridad del territorio.
Al frente de la FAI está Lino Saant, quien usa una corona de plumas en la cabeza, y cuenta con dos asistentes shuar. Su oficina está en el segundo piso de la Fiscalía de Macas. En la sala siempre aguardan nativos para consultar cómo avanzan sus procesos judiciales.
La FAI de Morona también cubre los delitos cometidos en los cantones Pablo Sexto, Taisha y Huamboya. En el 2018 se recibieron 417 demandas y el año anterior 404. Según la Fiscalía General, la oficina de Asuntos Indígenas de Morona reporta el mayor número de procesos al año, seguido de Pichincha y Pastaza. La violencia intrafamiliar, el abuso sexual y la ocupación ilegal del suelo son las causas más tramitadas.
En casi todas las comunidades indígenas hay conflictos por linderos que mantiene enfrentados a familiares, vecinos y conocidos. En Sagrado Corazón, poblado shuar de Morona, María Ambama y su hijo Ramiro Kajikai viven dos años enfrentados por una finca.
El último miércoles se encontraron en una misma calle del poblado carente de servicios básicos. No se saludaron y se miraron de reojo. Su vecino, Hernán Churay, apagó la música shuar que escuchaba a alto volumen para contar que esa relación es tensa y que ha llegado hasta las amenazas.
Tras la muertedel padre, hace más de 30 años, Kajikai se quedó en la propiedad de 17 hectáreas. Cultivaba plátano, papa china, yuca y otros productos. Ambama desapareció con sus dos hijos, se volvió a comprometer y tuvo dos hijos más.
Hace dos años, los seis regresaron para tomar posesión de lo que ellos dicen que les pertenece. Dos tíos maternos también construyeron casas de tabla en la parte posterior.
Kajikai no pudo impedirlo ni soportó la hostilidad. Para evitar una tragedia, hace ocho meses abandonó la finca con su esposa e hijo. Vive a dos cuadras, en una casa que levantó en un terreno que compró.
Él se siente desamparado y para recuperar su parte del terreno presentó el problema a la Asamblea Comunitaria. Hace tres semanas, el síndico Bernabé Wampash reunió a las partes, pero no hubo acuerdos. Habrá otra reunión.
No obstante, Ambama puso otra demanda por el mismo hecho en la FAI. Para Luis Nawech, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, eso no es procedente porque cuando el caso entra primero a la Asamblea Comunitaria debe resolverse en esa instancia y no saltarse a procesos judiciales.
Un caso similar ocurrió el año anterior en la parroquia Shimpis. Sus líderes desconocieron las diligencias de la FAI y el tema se resolvió en la Asamblea Comunitaria.
Mesías Nayapi, conocedor de las leyes que rigen a esta etnia, dice que en caso de desacato de una de las partes, ese socio puede ser expulsado.
Pese a esto, la fiscal de Morona Santiago, Anita Madero, señala que el número de casos que maneja la FAI confirma que hay más confianza de los indígenas en la justicia ordinaria. Al ser el Fiscal de la misma etnia, mejoró la comunicación con la víctima y el procesado. Los funcionarios hablan su lengua con los usuarios. Además, les da confianza porque el fiscal indígena entiende la cosmovisión que los rige, la cultura y la forma de vida. Ese trato es diferente al de un mestizo.