Una denuncia de sobreprecio sucede a otra. Ahora hay serias presunciones sobre políticos”.
Editorial de el Comercio
La pandemia por el covid-19 desató otra plaga: la corrupción no se detiene ni ante la tragedia ni ante la crisis. Las noticias más recientes de una catarata de denuncias, investigaciones y expedientes tocan a dos actores políticos muy conocidos.
Detenido para investigaciones, el expresidente Abdalá Bucaram tenía un arma de fuego sin permiso. Y en su casa había insumos médicos.
La sospecha que llevó a abrir una investigación se fundamenta en que dichos insumos son de la misma marca que algunos que dieron origen a denuncias de sobreprecios.
En el caso del prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, se enredó en una telaraña de declaraciones contradictorias antes del allanamiento de su casa y su posterior detención. El Partido Social Cristiano toma distancia de quien auspició.
Sobra decir que para estos personajes y para todos los imputados en los múltiples casos de presuntos delitos, la presunción de inocencia rige.
Hace una semana eran las compras de pruebas para el covid-19 en el Cabildo de Quito. El médico separado por el Alcalde se defiende. Luego, las sospechas de extrañas operaciones en las cuentas de la Empresa de Agua Potable empañaron más el ambiente.
Todo empezó luego del estado de emergencia y la celeridad de muchos funcionarios para comprar todo.
Mascarillas en el IESS, fundas para cadáveres en los hospitales de la Seguridad Social y Salud Pública y en el
Gobierno de Pichincha. Cantidades astronómicas de alcohol y gel...
Las medicinas y las raciones alimenticias con sobreprecios, todo parece haber sido fuente de lujuriosa corrupción y millones mal habidos.
El dinero público, que debe llegar a los más pobres y urgidos de medicinas, se reparte con impunidad.
La Fiscalía ha llegado al extremo de formar una ‘fuerza de tarea’, como si de una guerra se tratase. Los procesos suman vergüenza. Lo importante es que no sumen impunidad.
El Ejecutivo envía reformas al Código Orgánico Integral Penal para endurecer las penas en emergencias. El Ecuador está enfermo, la ética pública, corroída por un cáncer letal.