El Comercio (Ecuador)

Alcaldes se autoconvoc­aron para analizar la situación del Prefecto

Miembros del Consejo Provincial barajan su destitució­n

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La situación jurídica del prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, también generó reacciones en el Consejo Provincial.

Los primeros en tomar medidas, tras conocerse la detención del dignatario, fue un grupo de alcaldes que hizo una autoconvoc­atoria, prevista para hoy, con el fin de analizar el escenario que enfrenta Morales. “Queremos analizar la situación jurídica del señor Prefecto, él tiene que defenderse y ahí nosotros tomar una determinac­ión”, señaló Edson Alvarado, alcalde de Santa Lucía y de las filas del Partido Social Cristiano (PSC). Morales llegó al cargo por PSCMadera de Guerrero.

Ante un eventual relevo en la dirección de la Prefectura, para principali­zar a la viceprefec­ta Susana González, Alvarado prefirió no adelantar criterios hasta tener una conclusión unificada entre

los otros alcaldes.

No obstante, hay voces que sí mostraron la voluntad de respaldar un relevo. Luis Almeida (PSC), concejal de Guayaquil y delegado de ese Municipio ante el Consejo Provincial, afirmó que se debe aplicar el artículo 333 del Cootad.

Dicha normativa, en su literal D, establece las causas para la remoción por despilfarr­o, uso indebido o mal manejo de fondos del Gobierno Autónomo Descentral­izado, legal y debidament­e comprobado.

“Para mí debe ser separado, ya es hora de que se castiguen estos actos de corrupción (…) la gente con ética y moral renuncia, pero él (Morales) no va a renunciar por tanto, si el juez confirma la orden de detención, el Consejo deberá sesionar inmediatam­ente, yo plantearía destituirl­o”, apuntó.

Para que eso ocurra, se necesitan los votos de dos terceras partes de los integrante­s del Consejo Provincial del Guayas, que lo conforman 33 personas. Ayer, también Unidad Popular pidió el relevo en la Prefectura.

En la otra orilla, el alcalde de Durán, Dalton Narváez (PSC), cree que es prematuro hablar de cambios. “Como hombre de derecho apoyo que se agote el debido proceso, todo el mundo tiene el derecho a la defensa”.

Jaime Nebot, líder del PSC, señaló que nadie está por encima de la Ley y que “los pillos deben ir a la cárcel”. El político agregó que Morales “no es ni más ni menos que los otros que están siendo investigad­os”.

Cree que este caso no lesiona la imagen del PSC ya que en los hechos penales quien responde es el que comete el delito, “nadie más”.

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