76% de buses escolares no puede laborar
Solo 3 165 unidades siguen trabajando con empresas privadas e instituciones públicas
Los conductores que prestan servicios al área educativa, empresas privadas y entidades públicas viven duros momentos. 9 915 unidades del sector están paralizadas, según la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador. Gremios plantean a las autoridades que los vehículos puedan hacer delivery, turismo y otros.
Siete meses sin ingresos, deudas que crecen y restricciones para prestar diversos servicios de movilización. Esta es la dura realidad que viven los transportistas escolares e institucionales.
El inicio de clases en la Sierra y Amazonía fue virtual, por lo que su situación no cambió.
De las 13 080 unidades en el país, apenas 24% (3 165 vehículos) mantiene actualmente contratos con empresas privadas o entes públicos, según la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenateie).
Los que siguen operativos lo hacen con tarifas más bajas, por los mismos recorridos. A ello se suma que alrededor de 37 conductores fallecieron tras contagiarse con covid19.
“Es la peor crisis de todas, ni en el feriado bancario padecimos tanto”, lamenta Edwin Guerra, presidente de la Asociación de Transporte Escolar e Institucional de Quito, quien por 30 años ha prestado sus servicios al Colegio 24 de Mayo, de la capital.
Guerra suspira y con pesar narra que el drama social es muy profundo para algunas personas. En julio pasado, uno de sus compañeros se quitó la vida. El hombre estaba atormentado por no encontrar los medios para mantener a su familia y por las deudas, especialmente una de USD 25 000 que contrajo con un banco a inicios de año, para comprar una nueva buseta.
El sector del transporte, en general, es de los más golpeados por los efectos económicos de la pandemia.
De marzo a julio de este año, frente a igual período del 2019, las ventas de este segmento cayeron un 37% (USD 750 millones menos), según el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Febrero pasado fue el último mes que cobraron varios transportistas que daban soporte a centros educativos. A mediados de marzo vino el estado de excepción y los motores se apagaron casi por completo.
Los conductores se han inventado de todo para subsistir, aunque en ocasiones eso signifique dedicarse a actividades que no les son permitidas por ley, como ofrecer servicios de delivery, comercializar productos alimenticios, dar transporte entre provincias, etc. También hay quienes incursionaron en proyectos distintos, desde panaderías hasta puestos de comida.
Es el caso de Óscar Suntaxi, de 53 años de edad, oriundo de Sangolquí (Pichincha), quien está en el oficio desde hace 12 años; los últimos tres, trabajó para un colegio. Ha tratado de ganarse la vida haciendo carreras, pero es una actividad ilegal para los transportistas escolares, así que desistió.
Ocasionalmente labora en el taller mecánico de su hermano, por lo que recibe alrededor de USD 20 al mes. Innumerables veces trató de ganar un contrato con una empresa, pero hay mucha competencia.
Su familia se mantiene gracias a que su esposa sigue con empleo. “Mi esposa está aguantando todo, estamos saliendo con las justas”, expresa preocupado Suntaxi, pues aún debe ocho cuotas de USD 450 cada una, por un préstamo que sacó hace cinco años para renovar su herramienta de trabajo.
El retorno presencial a las aulas aún se ve lejano.
Oswaldo Guamán, presidente de la Federación, manifestó que, en el mejor de los escenarios, la asistencia de los estudiantes ocurriría en el 2021. “¿Cómo pagamos las deudas si no tenemos trabajo?”.
El sector ha propuesto acciones conjuntas con el Gobierno. Entre los planteamientos están fomentar la contratación de transporte formal en las empresas, que se permita a los conductores usar sus unidades para delivery, turismo comunitario y transporte en poblaciones a las que no llegan los buses urbanos. Sobre estos pedidos, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) ofreció dar un pronunciamiento hoy.
La intención no es afectar a otros sectores que ya brindan estos servicios, sino complementar, aclaró Édgar Insuasti, gerente de la compañía Transporte Jóvenes del Futuro.
Un problema generalizado en el gremio es el pago de préstamos y el acceso a financiamiento. Dirigentes y conductores comentan que las opciones de refinanciamiento no les convienen, porque las deudas se vuelven insostenibles.
Además, afirman que ni siquiera pudieron solicitar un crédito en el programa Reactívate Ecuador, en el Banco del Pacífico, porque la entidad considera al transporte como un grupo de riesgo. Es la misma respuesta que han encontrado en otras instituciones privadas. La situación es tal, que piensan hacer una entrega masiva de las unidades a los bancos, ya que no pueden cancelar sus obligaciones.