¡Y se hizo justicia!
Por meses, el país vivió como suspendido de un hilo, oscilando entre la permanente frustración y la fugaz esperanza de que los encomiables trabajos de la Fiscal General sean avalados por una justicia que actúe en aplicación estricta de la ley. El pueblo anhelaba que, basándose en la igualdad ante la ley, la espada cayera sobre la cabeza de los culpables, grandes o pequeños. El correísmo respondía reclamando legitimidad para todo cuanto favoreciera a la revolución.
Las normas que consagran los valores de una sociedad y garantizan su supervivencia estaban en juego: ¿Debe prevalecer la ley como expresión de la democracia, a la que todos están sujetos, o la doctrina perversa que propicia la lucha de clases y que subordina la ley a sus objetivos políticos partidistas? La doctrina marxista sostiene que quienes no creen en la revolución están enfermos y deben ser “reeducados” por sus infalibles líderes, mientras la consciencia democrática libre exige a todos responder por sus actos y pagar por sus culpas.
El lunes 7 de septiembre se hizo la luz. La justicia tomó una decisión histórica que marcó el rumbo hacia un Ecuador justo e igualitario. El país que había vivido gobernado por la prepotencia, la impunidad y la institucionalización del abuso, respiró esperanzado; la banda dirigida por Correa, Glas y muchos otros vio caer sobre ella la sanción de la ley, y el proceso de saldar las cuentas sociales con el pasado abrió las puertas hacia un sano futuro de legalidad. Ahora, castigado el delito, será posible y necesario planificar un esquema básico de convivencia y desarrollo que aglutine todos los esfuerzos para superar la compleja crisis que nos agobia.
El odio que Correa predicaba y practicaba se había expandido, inclusive entre sus opositores. La sentencia del lunes señala el rumbo para que el odio sea reemplazado por la vigencia y aplicación de la ley.
La Fiscal General, el Procurador, los jueces de la causa y los periodistas que pusieron al descubierto tanta podredumbre merecen la gratitud de todo el país. Hay que pedirles que sigan firmes en su lucha por investigar y castigar los delitos cometidos, sin miramientos políticos o partidistas. El Estado debe depurarse íntegramente, comenzando por la Asamblea, cuya actual estructura se ha demostrado proclive a la ilegalidad y la trampa.
La empresa privada ha recibido una severa lección: debe trabajar estrictamente ceñida a la ley, ya que todo aparente éxito conseguido en otra forma terminará denunciado y castigado.
Está empezando a brillar el sol de la justicia en la variada geografía del Ecuador y, con ello, puede iniciarse un proceso de renovación de la fe en las instituciones. Ojalá la clase política tome consciencia de este saludable cambio y, a su vez, propicie el consenso y la unión entre todos los ecuatorianos.