Vizcarra, contra las cuerdas por dos audios
El Parlamento debatía ayer una moción para destituirlo por “incapacidad moral”
El Congreso de Perú empezó a debatir ayer una moción para destituir al presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral”. El jueves, se filtraron audios en los que se escucha al Mandatario pedir a sus asesores que mintieran en una investigación parlamentaria sobre un polémico contrato por USD 10 000, con un cantante.
El caso estalló en mayo cuando la prensa descubrió que, en plena pandemia, el Ministerio de Cultura había contratado como conferencista y animador al cantante Richard Cisneros, un artista local poco conocido, de seudónimo Richard Swing, y que alardeaba de haber sido asesor del Gobierno.
“Hay que decir que entró dos veces” en lugar de cinco, les pide Vizcarra. “Lo que queda claro es que en esta investigación, estamos todos involucrados”.
Para el Gobierno es un intento de Golpe de Estado. “No voy a renunciar, no me voy a correr”, dijo Vizcarra el jueves en un mensaje por televisión, negando cualquier acto ilegal.
Poco después, seis de nueve partidos en el Congreso anunciaron la presentación de la moción para declarar la “vacancia” de la Presidencia.
Se necesitan 52 votos para que la moción sea admitida y se inicie el proceso formal de destitución y votación en cuatro días. Se la habría podido hacer ayer mismo si la oposición reunía 104 votos, algo que, hasta el cierre de esta edición, parecía improbable.
Al sustentar la moción ante el Plenario, el opositor José Vega dijo que esos audios “corroboran” las presuntas irregularidades que el Congreso investiga desde hace meses.
“No podemos promover una moción de vacancia. Estamos impulsando una vacancia sobre una investigación que no ha terminado”, dijo por su lado la legisladora izquierdista Mirtha Vásquez.
Antes de abordar la moción, el Congreso aprobó una ley que impide a condenados por la justicia ser candidatos a cargos públicos, una norma impulsada por Vizcarra.
Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, renunció el 21 de marzo de 2018, en la víspera de un segundo juicio político luego de que se divulgara un video donde sus aliados negociaban con legisladores fujimoristas votos a cambio de favores políticos.