89 familias aún luchan por hallar restos de allegados
La Defensoría del Pueblo y el Comité de DD.HH. presentaron un informe sobre los cuerpos extraviados en pandemia
Dos entidades presentaron ayer un informe de 38 páginas que relata la lucha de las familias contra un sistema de salud colapsado en la pandemia
Seis meses han pasado desde que a Roberto Villegas le informaron que su madre falleció por un paro respiratorio en el hospital del Guasmo Sur de Guayaquil.
Desde abril, él y sus dos hermanos dicen haber recorrido hospitales y morgues de toda la ciudad. Buscan el cuerpo de la mujer, pero hasta el momento no han hallado una respuesta.
Ellos forman parte de un grupo de 89 familias que no conocen dónde están los restos de las personas que perdieron la vida en Guayaquil durante la emergencia.
Por eso, ayer llegaron con fotografías de sus parientes y entraron a las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
Allí, los representantes de la entidad y del Comité Permanente de los Derechos Humanos presentaron un informe sobre los cuerpos extraviados en la pandemia.
En el documento, que contiene 38 páginas, se muestran las dificultades que cada familia tuvo para recuperar los restos. La investigación detalla que en total hubo 135 cadáveres que se extraviaron en esos días.
Esa cifra se determinó luego de un contacto con al menos 542 familias que perdieron a una persona.
En ese grupo también está Jenny Vargas, una mujer que busca a su esposo Prospero Guevara.
Ella dice que no descansará hasta encontrar el cuerpo de su pareja. “Es un dolor tan grande que no se lo deseamos a nadie. Es suficiente con haberlo perdido y saber que no aparece, ni dónde está, ni cuándo aparecerá”.
La vicedefensora del Pueblo, Zaida Rovira, anunció que buscará ante la justicia que se identifique hasta el último cadáver. No descarta pedir que los restos de las víctimas sean exhumados.
“Es el único camino para tener cierta certeza. Sería una de las alternativas, pero eso deben ordenar las autoridades judiciales”, indica.
L a Defensoría del Pueblo prepara un informe general de la emergencia. Ese documento será presentado en organismos internacionales de Derechos Humanos.
Ayer, unas 20 familias mostraban las fotos de sus parientes. Otros llevaban las copias de las cédulas.
En la investigación se reveló que el 97% de las víctimas era del Suburbio, Guasmo Norte y Sur, sector Centro-sur, Mapasingue, Martha de Roldós y Sauces.
El informe además establece que las familias se enfrentaron al colapso del sistema de salud pública.
Según DD.HH., las familias no encontraron atención ni en los hospitales ni en la línea telefónica 171, que el Gobierno habilitó para la emergencia.
Los afectados indican que la falta de atención les condujo a regresar a sus domicilios y contemplar con impotencia la agonía y el fallecimiento de sus parientes.
Billy Navarrete, representante del Comité Permanente de DD.HH., lamentó el accionar del Estado. “Lo poco que hicieron, lo hicieron mal. El Estado dio información imprecisa y dudosa (…) Eso genera que ahora se abra una interrogante. ¿Será que el cuerpo está donde dicen que está?”, indica.