Estrategias violentas son rastreadas
Más mensajes violentos son indagados tras un año
Las publicaciones de ocho cuentas de Facebook están bajo la revisión de agentes policiales. Desde esta plataforma se comparte la frase “Octubre volverá”, y se hacen llamados a manifestaciones. Los textos están acompañados de videos y fotografías captadas durante las protestas de hace un año.
Los investigadores dicen que esas ocho cuentas no fueron seleccionadas al azar. Ya constan en un informe que la Policía preparó tras las manifestaciones que se desataron entre el 3 y el 13 de octubre.
En ese entonces, las pesquisas detectaron 19 grupos que habrían incitado a la revuelta.
Ahí estaban colectivos de extrema izquierda, ecologistas, trabajadores, estudiantes y movimientos políticos. El personal que monitorea sabe que estas personas tienen estrategias para moverse. En redes sociales envían mensajes que generan “confusión y caos”.
En el informe de la Policía se indica que la táctica usada en las redes sociales tiene apoyo de equipos que trabajan en el extranjero. Encontraron cuentas creadas en otros países.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dice que en octubre del año pasado se utilizaron las plataformas digitales para generar caos. “Hoy lo único que hace falta es saber escribir frases insurgentes; cogen un teléfono y manipulan a la sociedad: desinforman, mienten, acusan, calumnian”.
Entre los militares también se vigilan las convocatorias.
Hallaron en la Internet un “manual de terrorismo callejero” denominado Black Bloc.
Aunque el documento tiene escenarios de manifestaciones en España, los agentes aseguran que se difunde en Ecuador por medio de chats.
En la página 42 se describen métodos para que la población se enfrente con la fuerza pública: ataques con botellas, con cocteles molotov, bloqueo de calles, entre otros. Además, se enseña cómo fabricar escudos caseros y existe un manual para elaborar objetos que permitan lanzar voladores.
El año anterior ya se vio el uso de esas tácticas violentas, que antes no se habían detectado. Fueron catalogadas como nuevas formas de protesta.
De hecho, los manifestantes incendiaron tres blindados del Ejército, el edificio de la Contraloría, intentaron tomarse un cuartel militar en Amaguaña (Pichincha). “Hubo inicios de terrorismo y de guerrilla porque el ataque o la toma de un cuartel no es un acto simple o de exasperación de una manifestación. Entrar a la Contraloría fue planificado”, sostiene el Ministro de Defensa.
Hoy, la Fiscalía tiene 801 procesos penales abiertos por delitos cometidos en octubre (ver infografía). De ellos, 44 fueron por sabotaje y 16 por terrorismo. El primer delito se sanciona hasta con 10 años (art. 345 del Código Penal).
Mientras que el segundo se configura cuando una persona o un grupo provoca o mantiene en terror a la población. Se sanciona con detención de hasta 13 años (artículo 366).
La mayoría de casos está en indagación previa, es decir, son reservados. Con las pesquisas se aspira a determinar si existen o no actores regionales que puedan propiciar acciones violentas y planificados en distintos países.
El año anterior, Inteligencia de la Policía señaló que hubo grupos de extranjeros que estuvieron activos y que generaron “violencia extrema”.
Para entonces se hablaba de videos captados por los ciudadanos y por cámaras de vigilancia. Los investigadores dicen que allí se veía a personas de distintas nacionalidades que aparentemente cobraban dinero por manifestarse, por realizar actos violentos o por impulsar acciones vandálicas.
Las autoridades hablan de grupos “anarquistas” que también tuvieron protagonismo en otras confrontaciones suscitadas en el 2019. Ese año se registraron revueltas en Colombia, Bolivia Chile.
En esta última nación, las protestas que comenzaron por el alza de la tarifa del Metro terminó en el incendio de un vagón, de un museo, de un centro cultural. Además, hubo saqueos en centros comerciales y confrontaciones violentas con la fuerza pública.
Hoy, en Colombia volvieron esas escenas, aunque por la muerte de un joven. La Policía dijo que hubo “vándalos” y grupos irregulares infiltrados.
En Ecuador, en el 2019 se destrozaron 41 Unidades de Policía Comunitaria. Este año se han recuperado 32 UPC y faltan nueve por intervenir.