España pone en pausa disciplina fiscal por 2 años
El Gobierno abandona la disciplina fiscal y las medidas se endurecen en Madrid
En medio de una segunda ola de contagios en algunas zonas de España, el Gobierno anunció que suspendía la disciplina fiscal de forma extraordinaria por dos años. Con ello, intenta llegar con ayuda a la población afectada por la crisis económica derivada de la pandemia. La deuda pública superó el 110,1% del PIB, la más elevada en la historia reciente del país europeo.
España, uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus en su primera ola, ahora enfrenta una segunda con el anuncio de nuevas y mayores restricciones en Madrid, ciudad que ha vuelto a ser el epicentro del covid-19. Además, el gobierno de Pedro Sánchez decidió que se abandonará la disciplina fiscal para enfrentar la crisis económica.
“El Gobierno ha decidido suspender las reglas fiscales de forma extraordinaria para los años 2020 y 2021”, anunció la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, justo después de conocerse que la deuda pública se situó en el segundo trimestre en 110,1% de su PIB.
La deuda, que en valores absolutos alcanza los 1,29 billones de euros (USD 1,5 billones), es la más elevada desde 1995, según el recuento histórico disponible en el sitio digital del Banco de España.
Para el diario económico especializado Cinco Días, se trata del valor porcentual más elevado del país en más de un siglo, desde 1902.
Desde mayo, el Gobierno había reconocido que la gestión de la pandemia tendría un efecto devastador en sus cuentas públicas, atenazadas por la caída de los ingresos debido a la crisis económica causada por el confinamiento y un fuerte incremento del gasto.
El Ejecutivo calcula un incremento de la deuda pública de hasta el 115,5% del PIB a finales de año y un cierre del ejercicio con un déficit del 10,3% del PIB, el más elevado desde 2012, en plena crisis financiera.
El gobierno de izquierdas ha financiado los planes de desempleo parcial de millones de trabajadores y puso en marcha medidas de ayuda a las empresas mientras la economía se resentía del estricto confinamiento impuesto a mediados de marzo.
Solo los planes de desempleo parcial, recientemente extendidos hasta finales de enero, costaron 4 000 millones de euros (unos USD 4 680 millones) desde su activación en abril, explicó Sánchez.
A principios de julio, el Jefe de Gobierno anunció que preveía aumentar los impuestos para financiar este incremento de los gastos.
Pero la decisión de suspender las reglas fiscales se basa en el “paréntesis en el pacto de estabilidad” decidido por la Comisión Europea a fin de permitir a los países miembro relajar el control del gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria, precisó Montero.
“Esta decisión sin precedentes (...) tiene como único objetivo dar esa capacidad a todas las administraciones públicas de poner la totalidad de sus recursos al servicio de los ciudadanos”, señaló. “Es el momento (...) de mantener una política social y de estímulo económico que no deje a nadie”.
Este abandono temporal de la disciplina presupuestaria abarca a las administraciones del Estado, regionales y municipales, que podrán endeudarse hasta un límite que determinará el Gobierno.
Esta suspensión no significa el fin de las responsabilidades fiscales de todas las administraciones. Madrid no renunciará al principio de estabilidad en el presupuesto.
Más restricciones
Ayer se llegó a un acuerdo para extender restricciones a la movilidad para frenar los contagios, ya en vigor para un millón de personas en algunas zonas de Madrid, a toda la capital y a otras zonas de la región donde la situación epidemiológica es preocupante.
“Este acuerdo ha sido aprobado con amplia mayoría”, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión con autoridades de todas las regiones autónomas del país, competentes en materia de salud.
Aunque varias regiones votaron en contra de la norma, entre ellas Madrid, la orden “se tiene que hacer efectiva” una vez sea publicada en el boletín oficial del Estado, en una fecha aún por determinar, afirmó Illa. Añadió que no contemplaba “que una decisión colegiada que afecta la salud pública no sea adoptada (...) La situación en Madrid es compleja y preocupante”.
El ejecutivo llevaba semanas presionando a Madrid, dirigida por la derecha, para que extendiera a toda la capital y a ciertos municipios cercanos.
Ahora, esas restricciones se aplicarán a zonas que tengan una incidencia de más de 500 casos por cada 100 000 habitantes en las dos últimas semanas, una tasa de ocupación de unidades de cuidados intensivos de más del 35% (en Madrid está en el 40%, según Illa) y un porcentaje de positividad de pruebas PCR del 10%.
En la práctica esto significa que se tienen que aplicar en varios municipios de Madrid, que cumplen con los tres supuestos, empezando por la capital, donde viven 3,2 millones de personas y hay una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 777 casos confirmados por cada 100 000 habitantes, según datos oficiales.