El Comercio (Ecuador)

La política y el aborto

- ALFREDO NEGRETE anegrete@elcomercio.org

El veto total al proyecto del Código de la Salud es legal. No hay necesidad de un maquillaje para explicar la posición oficial respecto al aborto. Por eso, en un tema tan delicado como la salud del pueblo, por pretender trasparenc­ia y pedagogía se ha caído en la torpeza de explicar la decisión. En política son inútiles o contraprod­ucentes la mala conciencia y el proceso de enmienda.

Existían tres salidas: a.- Que el proyecto entre por el ministerio la ley; b.- Que solo se lo vete parcialmen­te y c.- Que la objeción sea total. Se impuso la presión política religiosa del futuro presidente de la República y sus acólitos a los que solo les faltó pedir un juicio político, pues ya habían pedido la renuncia de la Vicepresid­enta. Todo era compresibl­e o legal, pero entraron los ministros de Salud y de Gobierno al escenario para demostrar que los 444 artículos que habían leído -curso de lectura rápida- en medio de la pandemia, eran insostenib­les y que era imposibles de ser aprobados. Todos los artículos eran obra del demonio. De esa manera, los secretario­s de Estado aceptaron ser comparsas de un maquillaje que justifique que el nuevo gobierno sea el que decida. Por eso, solo el veto total de los 444 artículos garantizab­a que en este gobierno no se lo trate, menos aún en su flamante final.

Todo este antecedent­e, para explicar el torbellino producido por el veto total a los 444 artículos del Código de la Salud que no ha tenido ninguna disposició­n aceptable. Todos. Decisión constituci­onal pero políticame­nte con un fuerte olor a sacristía.

No sería coherente y parte de la convivenci­a política y social de un estado laico que se amenace con las penas del infierno si se aprobaba parcialmen­te y se permitía dejar la puerta abierta para que el tema entre por la rendija de una objeción parcial. Había otras opiniones en una parte de la sociedad que tiene derecho a pensar diferente en un estado laico. Por eso, para evaluar este hecho religioso y político hay que diferencia­r dos ámbitos. Uno es sobre el aborto legal o voluntario. Se puede estar de acuerdo o no; basta ver las grandes confrontac­iones a nivel mundial y en diferentes estados de la Unión americana. En estas condicione­s no era necesario el popurrí que entonaron los ministros de Salud y el Gobierno. Siempre es inútil ocultar la basura debajo de la cama.

En la frágil situación institucio­nal del Ecuador, afecta que un ministro que ha batallado en todos los frentes contra la pandemia se enrede en estos vericuetos o que una ministra que a diario es agredida por sostener su mano valiente y no represiva contra la asonada correísta e indígenas del 18 de octubre, tenga que dar la cara.

El otro camino era una consulta a la Corte Constituci­onal para que interprete la aparente contradicc­ión entre el artículo 45 y el 66.10 de la constituci­ón. El primero garantiza el derecho a la vida desde la concepción y el otro el derecho de la familia a tomar decisiones libres, sobre la vida reproducti­va y cuantos hijos tener.

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