La empresa privada
La empresa privada está rodeada de prejuicios, equívocos y confusiones. Se vive de ella y se prospera por ella, pero, al mismo tiempo, se la denigra y se desmerecen sus fundamentos y beneficios. Se la grava con tributos y se la controla hasta la asfixia. Se la cuestiona, pero se le exige eficiencia. Con frecuencia, se legisla contra ella, bajo la gratuita hipótesis de que el empresario es un mal sujeto, o al menos, un tipo desconfiable. Todo esto es resultado de una historia confusa en que se mezclan la tradicional dependencia del Estado desde los tiempos coloniales, el marxismo y sus sucedáneos, los socialismos de todos los colores, la doctrina social de la Iglesia y la nostalgia aquella por “las venas abiertas de América Latina”, esto es, la teoría de la culpa ajena.
1.- Más allá de la economía.- La empresa privada no se agota en lo económico y, por tanto, su horizonte excede del balance anual, del puro cálculo de rentabilidad y del afán de lucro. Es una de las más importantes expresiones de la libertad humana que concreta en lo cotidiano los derechos individuales a la propiedad y esfuerzo hacia la superación. Tras ella está, como fundamento, la propiedad y la posibilidad de ejercer la inventiva, esto es, la imaginación creadora, que es una de las notas distintivas del ser humano. Está también la capacidad de elegir y emprender, el derecho a acertar e, incluso, el derecho a equivocarse.
Además, y como decía uno de los teóricos de la empresa libre, la inversión, que busca rentabilidad, es como “mancha de aceite”, se extiende hacia ámbitos sociales y produce efectos beneficiosos para la comunidad, aunque no sea ese el objetivo principal del empresario: genera puestos de trabajo, multiplica en torno a sí los negocios (proveedores, contratistas, profesionales, etc.), paga impuestos, incide en la educación de la gente y en su nivel de vida, presiona implícita o expresamente para la dotación de servicios públicos, etc. Esto es lo que se llama “la función social del egoísmo”. 2.- La dimensión política de la empresa privada.- La empresa privada tiene incuestionable dimensión política, porque asegura los espacios de autonomía personal de los individuos frente al Estado, ya sea en su condición de empresarios, ya como trabajadores que no se relacionan directamente con la autoridad, o con jefaturas administrativas que condicionan la permanencia en el puesto público, ya como proveedores de bienes y servicios o ya como profesionales. En ese sentido, la libre empresa, en los países que la alientan y respetan, genera “ciudadanía”, esto es, un conglomerado de personas económica y culturalmente independientes de los partidos o movimientos que expresan el poder de los caudillos; independientes de vínculos burocráticos que condicionan la vida y determinan las conductas; independientes de contratos o de remuneraciones estatales. Independientes para elegir sus destinos.
Una “sociedad de ciudadanos” exige, como presupuesto necesario, autonomía personal, familiar, patrimonial, ideológica y cultural. Esa conciencia de autonomía genera la vida cotidiana fuera del Estado. El poder político tiende naturalmente a uniformar vidas, comportamientos y pensamiento, y se mueve cómodamente en comunidades sin diversidades, planas y obedientes. En esa perspectiva, la empresa privada es un puntal de la democracia que, cuando trasciende del puro electoralismo, debe construirse fuera de los núcleos de poder y más allá de la “obediencia debida”. Una comunidad de esa índole prospera solamente en un régimen de iniciativa privada, donde existe capacidad real de elección y posibilidad de asumir constantemente riesgos, desafíos y responsabilidades. La capacidad de elección se aprende en la empresa y se proyecta a la democracia. Además, esas sociedades exigen universidad libre y Estado de Derecho eficaz.
La dimensión política de la empresa generadora de ciudadanía promueve valores, cultura, usos y comportamientos vinculados necesariamente con la libertad y la capacidad de elección. El hábito de elegir es propio de la economía libre. 3.- Derechos, legalidad plena y seguridad.- El régimen de empresa privada requiere, como condiciones esenciales: ( i) reconocimiento constante de los derechos de libertad y garantías judiciales efectivas para su ejercicio, (ii) articulación jurídica eficiente de la propiedad, (iii) normas claras y estables sobre inversión y tributos, (iv) eliminación de la arbitrariedad del poder y limitación de la discrecionalidad de las autoridades, (v) garantías a la leal competencia, y; ( vi) independencia judicial y eficiencia administrativa.
Las condiciones anteriores implican (i) Estado de Derecho, cuyo principio fundamental es el sometimiento del poder político y los ciudadanos a la ley; ( ii) vigencia efectiva de legalidad previa, clara y razonable cuya meta sea la protección los derechos y garantías individuales; y,
(iii) seguridad jurídica que se refleje, de manera constante y cierta, en la estabilidad normativa, la previsibilidad de la conducta de la autoridad, la uniformidad en las decisiones de la administración, el respeto a los contratos, la eficiencia de las normas, y un buen sistema jurisprudencial.
4.- ¿Qué es mejor?.- ¿El Estado como gestor de la economía, inversor, administrador público, contratante y contratista, juez y redistribuidor de la riqueza, legislador, etc.? ¿Es mejor la empresa privada? Las evidencias históricas dicen que, con todas las deficiencias que puede tener el sistema de libre empresa, es mucho mejor, en términos económicos y sociales, que un régimen basado en el Estado, en su constante intervención, en la sustitución de la inversión privada por la pública y en el endeudamiento.