Jueza ordena la libertad de Álvaro Uribe
El exmandatario aún es acusado de vínculos con paramilitares de ultraderecha
El expresidente colombiano Álvaro Uribe quedará libre después de 67 días en detención domiciliaria. Una jueza de Bogotá consideró ayer que puede responder en libertad al proceso que se le sigue por supuesto fraude procesal y soborno en actuación penal, vinculado a escuadrones paramilitares. El caso pasó a la Fiscalía luego de que el exmandatario renunciara al Senado.
Una jueza de Colombia ordenó ayer poner en libertad al expresidente Álvaro Uribe; sin embargo, continuará vinculado a una investigación por supuesto fraude y soborno de testigos. En este proceso es acusado de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
La orden de excarcelar a Uribe se produjo después de que el exmandatario renunciara al Senado y que la Corte Suprema de Justicia trasladara el proceso a la Fiscalía General de Nación, por tratarse de una investigación sin relación con su cargo de congresista.
Uribe, mentor político del presidente Iván Duque, permanecía bajo arresto en su finca cerca de Montería, la capital del departamento de Córdoba, después de que la Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria citando riesgo de obstrucción a la justicia.
“La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud elevada por parte de la defensa, apoyada por la Fiscalía General de la Nación y la representación del ministerio público y en ese orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata del doctor Álvaro Uribe Vélez”, dijo la jueza Clara Ximena Salcedo.
Uribe, quien cuestionó la independencia del tribunal antes de renunciar al Senado y denunció una violación del debido proceso, ha declarado repetidamente su inocencia en medio de acusaciones de que sus aliados realizaron manipulación de testigos, en un intento de desacreditar supuestos vínculos con paramilitares.
Los críticos de Uribe alegan que su renuncia al Senado fue una estratagema para llevar el caso en un órgano legal potencialmente menos riguroso. La Corte Suprema también remitió a la Fiscalía General las indagaciones previas contra Uribe por tres masacres y el asesinato de un defensor de derechos humanos, hechos ocurridos en la década de 1990.
Los aliados de Uribe, incluido el presidente Duque, habían solicitado a la Corte permitirle defenderse en libertad, y argumentaron que su arresto domiciliario es injusto, comparando su caso con el de exlíderes de las FARC, a quienes otro tribunal les permitió permanecer libres mientras avanzan sus procesos por crímenes de guerra.