El juego político de Barrett en Estados Unidos
La nominación de la militante católica Amy Coney Barrett para reemplazar a la progresista Ruth Bader Ginsburg genera debates de interpretación
SOCIEDAD
Esta semana tuvo lugar la comparecencia de la jueza Amy Coney Barrett ante el Comité Judicial del Senado, de mayoría republicana. La candidata de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia muy probablemente sea confirmada antes de las elecciones del 3 de noviembre. El apuro republicano para postular a una candidata a pocos días del proceso electoral fue objetado por los demócratas y la opinión pública, e incluso arrojó dudas sobre la legitimidad de la elección de Barrett.
En la historia, el proceso de confirmación de los jueces de la Corte Suprema no ha sido pacífico. En tiempos recientes, en el 2013, Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado durante el gobierno de Barack Obama, fue incapaz de romper las prácticas dilatorias de los republicanos que impedían la designación de jueces de circuito de Washington D.C. Entonces logró que se cambiaran las reglas de juego: para elegir un nuevo juez solo se requería en el Senado de una mayoría simple y ya no de la calificada.
En un tuit reciente, el presidente Trump, al contestar las críticas por la postulación de Barrett, escribió: “Harry Reid & Chuck Schumer cambiaron las reglas del Senado para acomodar las cortes para Obama. Ahora está de regreso para acecharlos, como predije”.
En otro episodio, en el 2016, a la muerte del juez Antonin Scalia, líder del ala conservadora y mentor de Barrett, Obama postuló a Merrick Garland, que no fue confirmado por el Senado, dominado esta vez por los republicanos, quienes advirtieron sobre los inconvenientes de que un juez de la Corte Suprema sea designado en el último año del mandato presidencial.
El control de la Corte Suprema se ha vuelto un tema cada vez más partidista, que es justamente lo que la Constitución quiso evitar. Fue el francés Alexis de Tocqueville, quien, en 1835, llamó la atención sobre la forma en que los Padres Fundadores organizaron el sistema judicial.
A primera vista, la Corte Suprema estadounidense es similar a cortes de igual jerarquía en otros países. La diferencia radica en que dicha Corte conoce únicamente casos concretos, y no se pronuncia sobre asuntos abstractos. De hacerlo, dejaría de ser un juez y se apropiaría del poder constituyente.
La experiencia ha demostrado que otorgar a los jueces la potestad de declarar la inconstitucionalidad abstracta de normas legales, conlleva un riesgo: convertirse en campeones de una u otra de las pasiones humanas. El juez, de quien esperamos una reflexión calmada, tomaría posición en esa lucha de las partes, por lo que se despojaría de las virtudes judiciales fundamentales: independencia e imparcialidad.
La jurisprudencia, es decir, la interpretación de una norma en el momento de juzgar, se vuelve obligatoria.
Hay dos grandes corrientes de interpretación constitucional: la originalista y la progresista. Estas escuelas de filosofía judicial replican una vieja disputa por la interpretación auténtica. El jurista alemán Carl Schmitt solía comparar la teología y la jurisprudencia, en el sentido de que ambas buscan la interpretación correcta de un texto, la Biblia y la Constitución. Y, como en la teología, la Constitución también puede ser interpretada de dos formas diferenciadas, la ortodoxa y la heterodoxa. La ortodoxa, establecida por los Padres Fundadores, se apega al texto de la Constitución y sus consecuencias. La heterodoxa, una suerte de constitucionalismo popular, por el contrario, pretende actualizar el texto de la Constitución.
A la jueza Barrett la acusan de pertenecer a grupos provida y, por ende, de ser afín a una interpretación ortodoxa del texto constitucional. El hecho de que participe en un grupo de oración denominado Gente de Alabanza, conocido por exigir el bautismo a su integrantes y de rechazar el control de natalidad -pues se reciben los hijos que Dios disponga-, la convierte, a los ojos de sus críticos, en inhábil para ser jueza.
Tres son los temas en los que se duda de su independencia e imparcialidad: el aborto; el sistema de salud pública, y lo inmediato: los probables juicios derivados de las elecciones federales, pues Trump ha dicho que probablemente terminen en la Corte. Con Barrett, la mayoría conservadora de seis, sobre tres liberales, supuestamente lo beneficiaría.
Los demócratas señalan que, además, podría revertir el caso Roe contra Wade de 1973, que garantiza el derecho de las mujeres al aborto. A esta acusación, Barrett respondió, coincidiendo con su mentor, que la Constitución no dice una palabra del aborto, por lo que su regulación le corresponde a la legislatura estatal. Al mismo tiempo, se mostró escéptica de poder revertir el derecho de las mujeres a decidir si hacerse o no un aborto. La jueza Barrett es madre de siete hijos, uno de ellos con síndrome de Down, y dos haitianos adoptados.
En el tema del Obamacare, la jueza Barrett afirmó, en contra de lo anhelado públicamente por Trump, que no era necesario declarar la inconstitucionalidad de toda la ley sino solo de una parte de ella: la que impone una multa por no contratar un seguro. Afirmó, incluso, tenerle simpatía por las actuales circunstancias. No se pronunció sobre las enfermedades preexistentes.
Irónicamente, en sus respuestas se apegó a lo aconsejado a los postulantes a la Corte Suprema por la ícono del progresismo, la recientemente fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg -y cuyo lugar podría ocupar-: no dar pistas, no hacer predicciones, no ofrecer avances sobre su posición.
La estrategia seguida por los demócratas esta semana se orientó a evitar los errores del pasado, cuando durante el proceso de confirmación de Barrett como jueza de circuito, la demócrata Feinsberg la llamó “Jueza Dogma”.
Los republicanos acusaron a sus rivales de discriminar a las mujeres conservadoras y destacaron a Barrett como una nueva heroína, por llevar exitosamente dos carreras: jueza y madre. El poder materno se erguía de la mano de Barrett.
Una muestra de su carácter es que a pesar de que escribió, en 1998, que en los casos de pena de muerte los jueces católicos debían adaptar su conducta al estándar moral de la Iglesia, en julio del 2020, votó con la mayoría de la sala inferior para condenar a muerte a Daniel Lewis Lee, acusado de asesinato. Según su declaración, aplicó únicamente la ley.
La sesión de confirmación se realizará el 22 de este mes. Si Amy Coney Barrett es confirmada, entre los demócratas existe la ilusión de aumentar posteriormente de nueve a 11 los jueces. Para ello deben recuperar la mayoría en el Senado estadounidense y continuar con la lucha por imponer su filosofía judicial.