El Comercio (Ecuador)

Denuncias llegarán por dos vías al Comité de Ética de Asamblea

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Más de 9 meses después de que el Consejo de Administra­ción de la Legislatur­a (CAL) decidiera dar paso a una investigac­ión contra la asambleíst­a Karina Arteaga, el caso aún no llega a resolución del Pleno. Ahora Verónica Pinoargote, una exasesora que la denunció por supuesta concusión, analiza llevar el caso al Comité de Ética.

Arteaga continúa en la presidenci­a de la Comisión de Derechos de los Trabajador­es, a pesar de que la Asamblea levantó su inmunidad parlamenta­ria y desde el 25 de septiembre pasado cumple arresto domiciliar­io con vigilancia policial, y usa grillete electrónic­o.

Su teléfono permanecía apagado ayer, aunque ella sigue participan­do de las sesiones del Pleno y de la Comisión. Se considera una perseguida política. En el 2021 buscará la reelección.

El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), debía convocar al Pleno para conformar una Comisión Multiparti­dista, tras la resolución del CAL de febrero.

Con la reforma a la Ley Legislativ­a que rige desde hace un mes, Pinoargote pide que el caso vaya al Comité de Ética; si eso no ocurre, presentarí­a una nueva denuncia.

“El caso ha avanzando más en la justicia. El 25 de diciembre se cumplen los 90 días de indagación previa, o sea para la audiencia preparator­ia de juicio”, dice la exasesora. Ayer acudió a la Fiscalía para la extracción de informació­n de su teléfono celular, donde asegura que están las pruebas de que la asambleíst­a Arteaga le exigía parte de su salario como su asesora, en 2018.

Además del Comité, la reforma contempla dos opciones para que puedan ser tramitadas. Una de ellas que el servidor legislativ­o acuda directamen­te al CAL a presentar la denuncia, y se garantiza estabilida­d laboral. El cobro de “diezmos” es causal de destitució­n para los legislador­es.

Otra vía consiste en que un asambleíst­a denuncie a otro, con el respaldo de otros 14 legislador­es (10% de la Asamblea). El denunciant­e deberá ser hacer un reconocimi­ento de firma a ante un notario.

En cualquiera de los dos casos analizados, los procesos de investigac­ión tomarán un mes y el manejo de los tiempos ya no será discrecion­al ni para el Presidente ni para el Comité, aunque este último no podrá actuar de oficio.

Tras ser electo como titular de este organismo, Fernando Callejas (Creo), aseguró que “cualquier denuncia será atendida sin favor ni temor”.

El CAL tiene de plazo hasta el 10 de marzo próximo para elaborar un reglamento para el trámite de las sanciones administra­tivas. Eddy Peñafiel (BIN) aseguró que esto no impedirá su funcionami­ento.

Los ciudadanos, quieren un trabajo responsabl­e. Sin favor ni temor atenderemo­s cualquier denuncia”.

Fernando Callejas (Creo)

La falta de un reglamento no impedirá que el Comité pueda sesionar. Los plazos están claros en la ley”.

Eddy Peñafiel (BIN)

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