La violencia de los ilegales sigue en San Lorenzo
Tres años después de los ataques al cuartel policial, las mafias de drogas aún infunden temor. Un comisario y un funcionario judicial fueron asesinados en el 2020.
El día apenas comienza y los desconocidos llegan al muelle de San Lorenzo, un cantón ecuatoriano, fronterizo con Colombia. Visten camisas y pantalones jeans. Saludan con motorizados y desaparecen con dirección a las fincas que están en medio de la selva.
Los pobladores dicen que se mueven con cautela y saben que cuando aparecen lo hacen porque “preparan el envío de droga u otro golpe”. Con base en casos conocidos, los agentes confirman que son disidentes de las FARC colombianas.
La última vez que fueron vistos fue el 20 de diciembre pasado. Cuatro días después, dos hombres fueron asesinados. El cuerpo de uno quedó sobre la moto en la que se movilizaba y el otro, a pocos metros. La Policía aún investiga lo ocurrido.
Las operaciones de la disidencia comenzaron hace tres años. El 27 de enero del 2018, su red de colaboradores perpetró un ataque terrorista en contra del cuartel local de la Policía.
Hoy, el temor aún persiste en San Lorenzo. Desde entonces, la violencia no ha parado y hasta noviembre del 2020 se cometieron 36 homicidios. El año más violento fue el 2019.
Hubo 18 casos en medio de todo el despliegue militar y policial que implicó el postataque. Además, se cometieron atentados contra funcionarios.
Entre los más recientes están dos agresiones a un grupo de policías y a un juez, en noviembre y octubre pasados.
Agentes de la Fiscalía que indagan esos actos descubrieron que los responsables tenían nexos con bandas delictivas que operan en los dos lados de la frontera ecuatorianocolombiana. Los informes de Inteligencia policial y militar confirman esos detalles.
En junio además asesinaron al comisario municipal Óscar Luque. El caso se indaga. No se descarta que se haya tratado de una represalia por su trabajo.
En esos días, los desconocidos enviaron mensajes de texto a la gente. “Plomo para los sapos” era la frase que llegaba a los teléfonos celulares.
Nixon Mina, un funcionario judicial, también fue acribillado el 27 de mayo. Su cuerpo fue hallado en un camino vecinal. Tenía disparos en su cabeza.
En el 2020, además dos personas fueron secuestradas. El primer caso sucedió en enero.
Un hombre fue interceptado en una empresa privada y llevado una zona selvática. Por su rescate pedían USD 40 000.
El segundo se registró en agosto. Una mujer fue sacada a la fuerza de su casa. Un grupo armado exigía USD 2 millones.
Los uniformados liberaron a las víctimas y detuvieron a 12.
La Policía dice que desde el atentado a su cuartel han incrementado personal en esa zona fronteriza. Los militares blindaron sus equipos e intensificaron las tareas de Inteligencia. En el poblado se instalaron cámaras de videovigilancia, para el monitoreo.
Además, comparten información con las fuerzas de seguridad colombianas y han identificado a los cabecillas de la organización.
Datos levantados por los servicios de Inteligencia muestran que al menos tres grupos armados se dedican a enviar droga desde Colombia y en Esmeraldas están las rutas ilegales que se usan frecuentemente. Por allí sacan las cargas y luego las llevan a las costas de Manabí, Santa Elena y Guayas, para transportarlas al exterior.
Según la Policía, para estas estructuras criminales, San Lorenzo aún es un territorio estratégico. Entre el 2018 y el año pasado, en esta zona se decomisaron dos toneladas de narcóticos. En el 2018 se produjeron más incautaciones. Y se detuvo a 144 personas.
Desde Colombia, líderes comunitarios y dirigentes sociales han denunciado ser atemorizados por los armados, que buscan más rutas. En Tumaco, cercana a Esmeraldas, en el 2020 hubo tres masacres.
En contexto
El 26 de marzo del 2018, en medio de la escalada de violencia desatada por los disidentes, fueron secuestrados Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra. Ellos formaban parte de un equipo periodístico que llegó a la frontera para cubrir lo que ocurría en esos días.