Fiscal: cuentas de exconcejal no coinciden
La defensa del exedil y cinco familiares apelarán la pena de seis años por lavado
La Fiscalía determinó que entre el 2010 y el 2017, el exconcejal de Quito Eddy Sánchez, su esposa, la suegra y sus tres hijos reportaron movimientos financieros irregulares y adquirieron, por ejemplo, 10 propiedades y tres autos de alta gama por USD 1,8 millones. Los abogados de los condenados alistan las pruebas para apelar el fallo de la Corte Provincial.
Era 28 de junio del 2018. En la madrugada, 12 agentes incursionaron en la casa del exconcejal de Quito Eddy Sánchez. En el allanamiento, los uniformados detuvieron al exedil y a cinco familiares, mientras cargaban maletas de viaje en un auto. Los policías revisaron el inmueble y encontraron dinero en efectivo, joyas y documentos. Todo fue decomisado.
Ese mismo día, Sánchez, su esposa, tres hijos y su suegra fueron procesados por lavado de activos. Dos años y medio después, un Tribunal de la Corte de Pichincha los condenó a seis años y a pagar una multa de USD 4,1 millones por reparación a favor del Estado.
Los condenados usan grillete y tienen la orden de presentarse cada semana en la Fiscalía de Pichincha. La defensa señaló ayer que todos se encuentran en el Ecuador.
Tras la sentencia, los abogados intentan frenar las órdenes de captura. Alistan las pruebas para apelar el fallo judicial.
Hasta el momento, el único que ha estado arrestado es Sánchez. Pasó dos semanas en la cárcel de Latacunga. Un juez revocó la prisión y dispuso que
El caso estalló luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico emitiera un informe sobre el movimiento financiero de los imputados. Con ese dato se realizaron allanamientos y se capturó al exconcejal del Distrito Metropolitano Eddy Sánchez.
utilizara grillete electrónico.
Desde entonces, los seis condenados usan el brazalete.
Durante la realización de las investigaciones, la Fiscalía determinó que entre el 2010 y el 2017 todos reportaron movimientos financieros irregulares y adquirieron, por ejemplo, 10 propiedades y tres autos de alta gama por USD 1,8 millones, señalan los informes fiscales. En ese período, Sánchez fue concejal de Quito.
Según las pesquisas, el dinero que lavaron provenía de los sobornos que los taxistas pagaban para obtener permisos para operar legalmente.
Por ese señalamiento, en abril del 2018, Sánchez y otras personas fueron acusadas dentro de un expediente por asociación ilícita (luego fue declarado inocente). Dos meses después también se abrió una causa por lavado.
Pablo Encalada, abogado de un hijo de Sánchez, aseguró que es “absurdo” que la Fiscalía relacione los dos procesos.
La Fiscalía fundamentó su acusación en un informe preparado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Ese documento establece que, durante ocho años, Sánchez registró ingresos injustificados por USD 110 000, su esposa por USD 525 000, sus tres hijos por USD 836 000 y su suegra por USD 332 000.
Durante el juicio, el fiscal provincial, Alberto Santillán, dijo que “para disfrazar de legal las operaciones económicas, los procesados además realizaron compra-venta de lotes de terreno y departamentos. Muchas de estas se efectuaron en efectivo”.
Ante el Tribunal encargado de conocer esta trama, Santillán sostuvo que en octubre del 2015, Sánchez y su esposa entregaron a sus hijos una casa y un terreno avaluados en USD 182 000. Según el fiscal, otro movimiento inusual se produjo en diciembre de ese mismo año, cuando uno de los hijos del exconcejal compró un departamento valorado en USD 100 000 y lo pagó de contado.
Según Encalada, su cliente compró ese bien después de ahorrar el sueldo que ganó al trabajar en empresas multinacionales y de remesas enviadas desde el exterior. “La Fiscalía dice que no se ha justificado la proveniencia de los bienes, lo cual es falso. En el juicio presentamos la documentación”.
Felipe Rodríguez, abogado de Sánchez, indicó que todo el dinero fue obtenido legalmente. “El valor corresponde a los ingresos de mi cliente como funcionario público”.
Durante el juzgamiento, la defensa presentó declaraciones juramentadas que certifican que los inmuebles fueron adquiridos en el 2003 y en el 2005. “La acusación del fiscal no tiene fundamento, pues los bienes se compraron antes de que supuestamente se haya perpetrado el delito”, indicó.
La Fiscalía, en cambio, presentó 32 pruebas. Entre esas están testimonios de peritos, versiones de testigos y documentos. Las investigaciones señalan que los ingresos económicos declarados por Sánchez en el Servicio de Rentas Internas (SRI) no eran compatibles con lo ingresado al Sistema Financiero Nacional.
En el proceso de rastreo, los agentes interceptaron las comunicaciones telefónicas que mantuvo el exconcejal con otras personas señaladas.
El miércoles, tras analizar las evidencias presentadas, el Tribunal indicó que los valores no justificados “llevan a un convencimiento de que estamos frente a un entramado de lavado de activos y que las pruebas de la defensa no han logrado probar la inocencia”.