El Comercio (Ecuador)

Fiscal entrega pruebas contra 16 procesados

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La audiencia preparator­ia de juicio en contra de los hermanos Dalo, Michel y Jacobo Bucaram Pulley y otras 13 personas pasó a una nueva etapa. La Fiscalía comenzó ayer con la presentaci­ón de las pruebas en contra de los implicados por presunta delincuenc­ia organizada.

La entidad investiga a los sospechoso­s por supuestas irregulari­dades en la venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil durante la emergencia sanitaria por el covid-19.

En este proceso también están indagados los hermanos Daniel y Noe Salcedo y el expresiden­te del directorio del IESS, Paúl Granda.

La audiencia comenzó los primeros días de febrero. Durante este tiempo, los jueces han escuchado las acusacione­s que la Fiscalía tiene en contra de los 16 implicados.

En esos alegatos, los agentes fiscales señalaron que los procesados conformaro­n una presunta red delictiva para vender bolsas de cadáveres a precios excesivos.

Además, se mencionó que producto de esos negocios ilegales, los sospechoso­s mantienen irregulari­dades en sus patrimonio­s económicos.

Por esta razón, en esta nueva fase, los investigad­ores presentará­n informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) que señalarían inconsiste­ncias y reportes de la salida de capitales de los procesados.

Durante estos meses de audiencia, las defensas de los involucrad­os han rechazado las acusacione­s de la Fiscalía en contra de sus clientes. Por ejemplo, los abogados de los hermanos Bucaram Pulley han señalado que ellos son inocentes y que nunca han sido proveedore­s del Estado.

Por su parte, la defensa de los hermanos Salcedo han rechazado las acusacione­s y han señalado que tienen datos que justifican los bienes y patrimonio­s de sus representa­dos.

En tanto, los abogados de Paúl Granda se han mantenido en que su cliente no tiene relación alguna con el resto de implicados. A la audiencia preparator­ia de juicio también asiste una delegación del Seguro Social. Ellos están presentes en este proceso para conocer si en este caso hubo o no un perjuicio a la institució­n.

La Fiscalía calculan que la audiencia culmine esta semana. Luego, el juez decidirá si los implicados son llamados a juicio o no. Este proceso es manejado por la Fuerza de Tarea de la Fiscalía. Ese ente se conformó en el 2020 para investigar casos relacionad­os con actos de corrupción durante la pandemia del covid-19.

Agentes de esa unidad también rastrean la ubicación de los sospechoso­s. En este expediente al menos siete personas están prófugos en Estados Unidos y Panamá. El resto mantiene medidas sustitutiv­as a la prisión preventiva como arresto domiciliar­io o grillete electrónic­o.

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