‘Ley intercultural sube gasto fiscal en 3 000 millones’
Finanzas dice que para cubrir el aumento del salario básico del maestro, a USD 1 000, se necesitan USD 2 200 millones.
Finanzas dice que alza salarial a maestros es económicamente inviable. Asambleístas señalan que el Ejecutivo podía vetar el texto y no lo hizo.
Desde julio próximo, los profesores del sistema de educación pública recibirán un aumento del 42% de su salario. Es decir, la remuneración mensual básica del maestro pasará de USD 817 a 1 000. Así lo establece la Ley de Educación Intercultural Bilingüe.
El texto que fue remitido al Registro Oficial, el pasado 10 de abril, determina que el salario básico del docente debe ser 2,5 veces más que el básico del resto de los trabajadores y a partir de allí se ajustan los 10 escalafones.
Para el gremio de docentes, esta es una buena noticia que “revaloriza la carrera”, dijo Nelly Miño, subcoordinadora de la Red de Maestros.
Para el ministro de Economía, Mauricio Pozo, la aplicación de la ley es inconstitucional y “económicamente inviable”. Además del aumento de salarios, la norma ordena la reincorporación de profesores despedidos, jubilaciones anticipadas y nuevas contrataciones como bibliotecarios, lo que además significa un incremento del aporte del Estado a la seguridad social.
Todo eso cuesta USD 3 000 millones, un incremento del 10% en Presupuesto General del Estado. “Para financiarlo, por ejemplo, se tendría que subir el IVA en tres puntos del 15 al 18%”, agregó Pozo. Según él, solo el alza para al salario cuesta USD 2 200 millones al año.
Pozo dijo, además, que viola el artículo 287 de la Constitución que señala: “Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente”.
En este caso, los 141 artículos, 18 disposiciones generales, 45 transitorias, seis disposiciones reformatorias no precisan el mecanismo para cubrir presupuestariamente los nuevos beneficios. Lo que sí se invoca, en la primera disposición general, es que el Estado debe incrementar anualmente el 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) al sector educativo hasta alcanzar el mínimo equivalente al 6% del PIB.
“Es una creación de gastos sin financiamiento. Si ahora para cubrir lo que ya está (presupuestado) tenemos problemas, peor con esto”, dijo Pozo.
Para este año, el Ministerio de Economía calculó los gastos en USD 32 080 millones. De estos, USD 8 868 deben ser cubiertos por medio de financiamiento externo. Hasta ahora se han reunido solo 400 millones.
El asambleísta Jimmy Candell, presidente de la Comisión de Educación, fue quien estuvo al frente de la reforma legal.
Sobre el financiamiento para cubrir el pago a los maestros dijo que en la Comisión se desarrollaron mesas técnicas en las que participaron delegados del Ministerio de Economía. “Siempre nos dijeron que el impacto económico era de USD 500 millones”.
El 15 de octubre del 2020, el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo, advirtió, vía oficio a la Comisión, que el Fisco no cuenta con dinero para cubrir las transferencias de la Ley y que se ponía a disposición para analizar la propuesta.
Este Diario revisó la sesión 692, del pasado 18 de febrero, cuyo archivo se encuentra en Youtube. Allí, Candell nombró a las entidades que participaron en la construcción de la Ley. No citó al Ministerio de Economía, pero sí al de Educación. Y dijo: “el nuevo escalafón docente propuesto no representa un incremento en el gasto público. Lo que se propone es una reorganización del mismo en 10 categorías”.
Ayer, al ser consultado sobre el tema, Candell dijo que el Estado podrá financiar los nuevos compromisos si se devuelven USD 930 millones que fueron recortados al sector de la educación en el 2020. Sobre la posible inconstitucionalidad, el asambleísta recordó que el Ejecutivo no vetó la ley.
De hecho, el presidente Lenín Moreno escribió en su Twitter el pasado 10 de abril: “Entiendo que las bancadas de los dos candidatos (a la Presidencia) presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución”.
Sobre por qué no se vetó el texto, Pozo dijo que Finanzas emitió un informe negativo, el cual es vinculante. “No es que estamos en desacuerdo con que se mejoren los salarios, es que no hay dinero”.
El criterio de Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), dijo que el magisterio exige se devuelva lo recortado.
Otro beneficio para los maestros impacta al Seguro Social. La ley dice que los maestros podrán jubilarse luego de 25 años de aportaciones y sin límite de edad.
Gladys Palan, miembro de la Mesa de Estudios de la Seguridad Social, dijo que esto agrava la situación del IESS, que actualmente está en déficit.