Descontrol en las cárceles sigue, tras una semana de la masacre
El Gobierno señaló que retomaron el control de las cárceles de Guayaquil, pero los detenidos caminaban en techos con celulares.
Los presos caminaban sobre los techos. Ellos hablaban desde ahí por celular. Otros estaban agazapados entre los fierros de las cubiertas metálicas. Entre los huecos de las estructuras vigilaban lo que pasaba dentro y fuera de la cárcel regional, en el complejo penitenciario de Guayaquil.
Los internos conversaban entre sí. Usaban sus manos y señalaban a los patios. Bajaban y subían a lo más alto de la cárcel. Otros reos estaban recostados en hamacas y unos instalaron sillas en las losas de los pabellones.
Estas escenas se registraron ayer, pese a que la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo la víspera que los uniformados habían retomado el control en los centros de privación de la libertad a escala nacional.
Las declaraciones de la funcionaria se dieron la tarde del domingo, en una rueda de prensa, en la que también participó la comandante general de la Policía, Tannya Varela.
Grupos élite de esa institución han participado en operativos diarios en otra cárcel, la Penitenciaría del Litoral, ubicada a pocos pasos.
Durante la última semana, los agentes se han incautado de seis fusiles, seis pistolas, 1 136 municiones, 250 armas blancas, cinco granadas, 60 celulares y 6 kilos de droga.
Ayer, la seguridad en todo el complejo carcelario de Guayaquil aumentó. Militares y policías apuntaron a los techos para evitar cualquier ataque. Asambleístas de la Comisión de Soberanía y Seguridad del Estado acudieron a la Penitenciaría para verificar las condiciones actuales de los presos y de las instalaciones.
Los legisladores ingresaron en la tarde y lo hicieron caminando. Para acceder tuvieron que sortear vehículos blindados de los militares y carros policiales. Los asambleístas fueron para cumplir una resolución de la mesa legislativa, que busca tener un informe general de la situación de las cárceles en el país.
Desde esa comisión también se pidió al Centro de Inteligencia Estratégica un estudio completo para conocer cómo se filtran las armas hacia el interior de las cárceles. En uno de los últimos operativos, los policías encontraron que en un pabellón de máxima seguridad había dinero, armas, droga y hasta máquinas de gimnasio que entraron sin permisos.
Como parte de las acciones iniciadas tras una semana de cumplirse la peor masacre carcelaria, que dejó 119 asesinados, las autoridades indicaron que se reforzó la seguridad en todas las cárceles. Además, continúa el proceso de identificación y entrega de cuerpos de quienes fueron masacrados el martes pasado en la Penitenciaría. Hasta ayer, 107 ya han sido cotejados y 99 cuerpos fueron entregados a sus a sus familiares. Los 12 restantes presentan complicaciones por su estado de descomposición o porque fueron mutilados.
Desde el Departamento de Criminalística indicaron que se aplicarán técnicas forenses e incluso pruebas de ADN con familiares cercanos.
Los procesos de investigación también avanzan de forma paralela. Entre las evidencias que la Fiscalía ya tiene en su poder hay pistolas y varias vainas percutidas. En cuanto a las diligencias solicitadas, constan un informe de inspección técnica del lugar de los hechos, los partes informativos de quienes estuvieron ahí, documentos de los protocolos de autopsias de todos los asesinados y el impulso fiscal para encontrar las armas con las que se ejecutaron los ataques en el interior de la prisión.
En la Fiscalía Provincial del Guayas constan además dos denuncias particulares presentadas por familiares de los presos. Allegados a los reos fueron ayer a las cárceles para saber si pueden ser sujetos de indulto.
Nuevos datos se conocieron sobre los hermanos de 6 y 8 años violentados en Naranjal, Guayas. La Fiscalía compareció ayer en la Comisión de Justicia de la Asamblea para informar sobre el avance de esa investigación.
La fiscal Yanina Villagómez indicó que el 6 septiembre pasado la Fiscalía conoció a través de un parte policial que los dos menores ingresaron a un hospital de Guayaquil por presentar signos de violación, maltrato y tortura.
Según Villagómez, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Ministerio de Salud (MSP) “conocieron previamente los hechos y no los informaron”.
Ella dijo que el 13 de septiembre, Salud recién envió los documentos originales relacionados al hecho. Por esa razón, Fiscalía abrió una investigación “por la omisión de los servidores de dos instituciones del Estado que conocieron el hecho y no lo denunciaron oportunamente”.
El MSP indicó que no se pronunciará sobre esto mientras duren las indagaciones. En cambio, el MIES dijo que se “sí coordinó y articuló de forma efectiva con la Judicatura, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía, Policía para que cada institución aborde el caso desde sus competencias”.