De los ‘Panama Papers’ a los ‘Pandora Papers’
La filtración de casi 12 millones de documentos señala a más de 27 000 compañías y a casi 30 000 de sus beneficiarios. Más de 330 políticos de unos 90 países están mencionados.
Una nueva filtración de millones de documentos, sustentada en una investigación periodística, ha revelado fortunas secretas de miles de personajes influyentes en diferentes ámbitos: político, económico, deportivo e incluso del espectáculo. La filtración señala a más de 27 000 compañías y a casi 30 000 de sus beneficiarios.
Los denominados ‘Pandora Papers’ revelan una filtración de casi 12 millones de documentos procedentes de 14 despachos de abogados dedicados al negocio ‘offshore’, en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas. Más de 330 políticos de 90 países, 35 líderes mundiales, entre ellos 14 latinoamericanos, así como decenas de celebridades del deporte y del entretenimiento son parte de la investigación.
En las últimas 24 horas, desde que salió a la luz el reporte, la mayoría de los mencionados ha dado explicaciones sobre su situación actual y el contexto en el cual se habrían constituido esas millonarias inversiones. También se han dado pronunciamientos de rechazo y cuestionamientos a esa investigación.
Como en los ‘Panama Papers’ (11 millones de documentos filtrados en 2016), las administraciones de justicia de los países -donde también se reveló que personas poderosas y adineradas usaron los paraísos fiscales para ocultar su riqueza- emprendieron investigaciones y algo similar se esperaría en esta ocasión.
En el caso del Ecuador, la investigación de hace cinco años contribuyó a desenredar casos de corrupción y sobornos relacionados con la constructora Odebrecht y Petroecuador. Algunos de esos procesos siguen en manos de la justicia, a la espera de que culminen en instancias definitivas.
Los ‘Pandora Papers’ ponen nuevamente sobre el debate la preocupación por la evasión fiscal y las pérdidas que eso representa para los Estados. América Latina, por ejemplo, pierde más de USD 40 000 millones en impuestos cada año por el abuso de estructuras ‘offshore’, según un informe publicado por la organización Tax Justice Project.
La contundencia de esta investigación dará paso a acciones judiciales.