Juicio con la historia

La Asamblea se apresta a enjuiciar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, arguyendo ineficiencias en el cumplimiento de sus funciones durante las manifestaciones de octubre del 2019 que dejaron como resultado varios muertos, decenas de heridos, cuantiosos daños materiales, la paz y la estabilidad del Gobierno Nacional en vilo. Las protestas, convocadas por movimientos indígenas y sindicales rechazando la elevación del precio de los combustibles, se presentaron con una violencia enardecida y descontrolada que afectó a propiedades pública y privada. Edificios varios fueron blancos de la furia tenaz de los asaltantes. El de la Contraloría General de Estado fue quemado en buena parte, como queriendo desaparecer documentos de interés para titiriteros en la sombra. El Palacio Legislativo fue invadido momentáneamente por las hordas, sin protesta alguna de los honorables, hasta ahora. Intentaron incendiar Teleamazonas, atacaron ambulancias, el centro de Quito fue flagelado, quemaron vehículos policiales y militares, pretendieron allanar una instalación militar, periodistas y policías fueron secuestrados y humillados por indígenas, comandados por un par de enajenados y vividores dirigentes plumíferos que faltaron el respeto a la persona del presidente Lenin Moreno. Y cuando la Policía interviene para rescatar la institucionalidad nacional y restablecer la paz, recibe ataques al estilo comando, preparados para hacer daño. Con la estabilidad del país en peligro, qué debíamos esperar de la fuerza pública: Que rindieran honores a los sublevados? Quizá eso buscaban. Hicieron lo que tenían que hacer: respaldar el orden constitucional, salvar a Quito imponiendo control y disciplina. ¿Qué hubo exceso? Probable, pero eso hay que medirlo con la vara de lo racional y lo justo, que no siempre agrada a los Derechos Humanos, últimamente sesgados a la política extremista. Bajo esas circunstancias, conociéndose ya las verdaderas motivaciones y los agitadores de la violencia, el parlamento nacional ha sido llamado a censurar a la ministra Romo por un procedimiento administrativo, de cuya responsabilidad no se le puede atribuir tan directamente. El juicio tiene una larga cola de dudas. Y una Asamblea impopular, desacreditada, no está en posición de ser la dama con la espada en una mano, la balanza en la otra y la venda en los ojos. Con el 60% de sus integrantes bajo sospecha, difícil creer que tenga honestidad para juzgar. La actuación del pleno de la función Legislativa está en la mira de todos, en el plano nacional e internacional.