Memoria y reflexión
Todo lo que tenía el Estado y era patrimonio del pueblo en el 2006, hoy está en poder de las multinacionales o autorizado para entregarlas mediante leyes infames aprobadas por mayorías legislativas sumisas de origen fraudulento. La mayor parte de este despojo no lo conoce su dueño y víctima: el pueblo ecuatoriano. Para que no se entere ni reclame, en forma planificada, se expulsó a decenas de miles de maestros de espíritu nacionalista y reflexivo, y se destruyó el contenido de la enseñanza patriótica en todos los niveles educativos. Para redoblar la desmemoria expidieron la Ley Orgánica de Comunicación, con la que se pretendió silenciar al periodismo indoblegable con cerca de mil doscientos juicios y multas. El alfil de las corporaciones extranjeras entregó el petróleo, las minas de oro, plata y cobre, los puertos marítimos (Bolívar, Posorja, Manta y Providencia), la telefonía celular, fábricas de cemento; y está autorizada la transferencia de la tierra rural de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos, las centrales hidroeléctricas, la CNT, ferrocarriles, correos, Banco del Pacífico, TAME, y muchos otros bienes del patrimonio social y nacional. Aparte de los USD 70 mil millones evaporados entre el 2007 al 2017, según cálculo del BID y de la OCDE, deben ubicarse y recuperarse los dineros de la Seguridad Social, pues según el exgerente del Biess Vinicio Troncoso, deberían estar en caja USD 48 mil millones, pero solo asoman USD 21.349 millones, de los cuales USD 7.845 millones son papeles de los dos últimos ejecutivos porque el efectivo se lo llevaron. ¿Dónde están los USD 27.549 millones restantes? Los expertos dicen que el régimen que fenece, que fue instalado con un escandaloso fraude para encubrir a su antecesor, del que no recuperó un solo centavo, tiene el 2,8 % de respaldo social. No obstante está vinculado a la mayoría del CNE y con los dos binomios que fueron proclamados finalistas. ¿Cómo entender que no se permitió abrir, por parte de la mayoría del CNE de bolsillo, ni una sola de las 42 mil urnas para constatar la veracidad de los resultados, conforme lo permite el Art. 141 del Código de la Democracia? ¿Por qué los partidos beneficiados de resultados sospechosos y procedimientos turbios se convierten en rabiosos guardianes del manejo fraudulento y adviertan a la Fiscal y al Contralor con destituirlos si insisten en revisar el software que todo el mundo lo reconoce trucado y que es el mismo de los procesos electorales precedentes? Al excluir en forma brumosa cualquier opción popular, y obligarnos a escoger solo entre los determinados por esa trinca, del fascismo o de la extrema derecha, ¡nos obligaron a rechazar estos métodos impulsados desde hace años por una rosca o argolla que tiene secuestrada a la República! ¡Vamos a la tercera dictadura electrónica sucesiva! ¡El fraude se fraguó en la primera vuelta!