20% DE MADRES SON ADOLESCENTES
TEMA DEL DÍA. LA MATERNIDAD PRECOZ PROVOCA DESERCIÓN ESCOLAR Y RIESGOS EN EL PARTO. ESPERAN QUE NORMEN ABORTO. ECUADOR. EL EMBARAZO ADOLESCENTE DEJA UN GASTO DE $270 MILLONES ANUALES AL GOBIERNO.
Las cifras del INEC indican que en el 2019 se registraron 51.711 nacidos vivos de mujeres de entre 10 y 19 años de edad.
De esta cifra, 1.816 fueron de adolescentes de 10 a 14 años (2,2 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad) y 49.895 de adolescentes de 15 a 19 años (63,5 nacidos vivos por cada 1.000 mujeres en ese rango de edad). Lo que significa que del total de embarazos ocurridos y registrados en ese año, el 17,5 por ciento proviene de adolescentes de 15 a 19 años, y el 0,6 por ciento de adolescentes de 10 a 14 años.
Las cifras las dio a la revista Edición Médica, Bernardo Vega, docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, quien explicó que esto “quiere decir, prácticamente, que casi 2 de cada 10 mujeres que dan a luz en Ecuador (solo tomando en cuenta partos) son madres adolescentes”. Agrega que esto es alarmante “porque desde 1900 hasta el 2019 se ha registrado un incremento de embarazos adolescentes en los 10 y 14 años”.
Las cifras del INEC muestran que en el 2019, del total de 1.782 defunciones fetales ocurridas y registradas, el 16,9 por ciento (302) proviene de adolescentes de entre 15 y 19 años, y el 0,4 por ciento (8) de adolescentes de 10 a 14 años. Mientras que, de las 123 defunciones maternas reportadas, 16 fueron de madres adolescentes.
ESTADÍSTICAS. Zoila Menéndez, exsecretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos y activista por los derechos de la mujer, hizo un diplomado sobre Embarazo y Maternidad Infantil Forzados en América Latina y el Caribe. En su tesis “Políticas públicas para la prevención del embarazo infantil en el cantón Portoviejo”, aborda esta situación y afirma que las cifras de niñas embarazadas (de 10 a 14 años) “se pierden en los datos del MSP porque los meten dentro de las estadísticas de embarazos adolescentes. “No se alcanzan a visibilizar, todos los días se embarazan, eso significa violación, no tienen conciencia de los riesgos de la violación, de lo que está siendo objeto su cuerpo. Todos los embarazos infantiles son producto de una violación”, recalca.
MACHISMO. Menéndez señala la necesidad de que el Estado ejecute políticas de educación sexual y reproductiva a todo nivel, en todas las fases de las niñas y adolescentes, pero también desde la familia, y en todas las instancias, para ir poniendo fin a la violencia machista en todas sus formas. El machismo que se “cultiva” desde el hogar lo ejemplifica María (nombre protegido). Esta trabajadora del hogar cuenta que a su hija de 14 años la pretende un chico de 20. Pese a la diferencia de edad, la señora le dijo al sujeto que le hubiera informado “que mi hija se estaba portando mal, que se le estaba insinuando, para llamarle la atención”. Para ella, el mal comportamiento está en su hija, no en el hombre.
Menéndez dice que “el Estado y también la familia deben cambiar los estereotipos que han desarrollado la violencia contra la mujer”. Una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el apoyo técnico del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 2018, señala que en Ecuador los costos totales anuales debido al embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana ascienden a cerca de USD 270 millones, equivalentes al 0,26 % del PIB nominal. Las pérdidas están relacionadas con el costo de oportunidad en la actividad productiva: inactividad laboral, desempleo y brecha de ingresos entre mujeres que tuvieron su bebé en la adolescencia y las que fueron madres en la edad adulta. Entre una de las causas del abandono escolar se identifica al embarazo en niñas y adolescentes, con
ingresos perdidos que habrían percibido de no haber abandonado los estudios antes del nivel superior. Y está el costo sanitario para el Estado debido a los gastos de atención en salud por embarazo, parto y posparto en la adolescencia y la pérdida social o productiva por la mortalidad materna en adolescentes.
RIESGO. Es que el riesgo de un embarazo en niñas es alto. Johana Lopera, médico responsable de la sala de primera acogida en el hospital Verdi Cevallos, explica que a esa edad el útero no está maduro, no está preparado para tener un producto y el mayor riesgo es una hemorragia. Esto se le indica al familiar, y se recomienda un control con un médico especialista, acota Lopera, al detallar que la sala de acogida es un espacio donde se recibe de forma individual a los pacientes víctimas de violencia de género y de otras violaciones a los derechos humanos. En el caso de víctimas menores de edad, pueden realizar la valoración, con el consentimiento informado del familiar, y eso se envía a la Fiscalía en el plazo de 24 horas o máximo 48 horas. Dice que no han recibido casos de niñas y adolescentes que se hayan sometido a un aborto, pero sí han llegado casos, ya con embarazo, de abuso sexual. Sobre el procedimiento a seguir para abortos en mujeres víctimas de violación, como lo legalizó la Corte Constitucional, menciona que no han recibido un protocolo para actuar.
ABORTO. La Corte Constitucional (CC) legalizó el aborto por violación en Ecuador. En su sentencia, manifiesta que “en ningún caso, se podrá penalizar la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de que no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación”, lo que para Menéndez es un gran logro para las víctimas. La abogada Mariana Alcívar, exvocal del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, indica que la sentencia dictada por la CC se refiere a determinar si la imposición de una sanción penal para las víctimas de violación sexual que no tienen una discapacidad mental, es compatible con la
Constitución, que en su artículo 45 reconoce y garantiza, por parte del Estado, el cuidado y protección de la vida, desde la concepción y al Art. 150 del COIP, que refiere que si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental, no es punible. “La CC dispone que el Defensor del Pueblo, en el plazo de 2 meses, prepare un proyecto de ley que regule la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación; y dispone a la Asamblea Nacional que en el plazo de 6 meses conozca y discuta el referido proyecto de ley, que regule la interrupción voluntaria del embarazo por violación sexual”.
EL ESTADO Y LA FAMILIA DEBEN CAMBIAR LOS ESTEREOTIPOS QUE HAN DESARROLLADO LA VIOLENCIA”
A ESA EDAD EL ÚTERO NO ESTÁ MADURO, NO ESTÁ PREPARADO PARA TENER UN PRODUCTO”.