De acuerdo
La decisión de la jueza de acceder a la Acción de Protección presentada por Fressia Villacreses y Johnny Alcívar, contra el retaceo del terreno público del aeropuerto Reales Tamarindos, constituye una esperanza de corrección a la tremenda ofensa y atentado a la seguridad, al desarrollo y al bienestar de los portovejenses y manabitas, cometidas por la actual corporación municipal del cantón Portoviejo. El manejo mañosamente direccionado en las redes sociales y la costosa publicidad del numeroso departamento de comunicación e imagen municipal, no lograron escopolaminar en esta primera instancia -porque ya cursó la apelacióna la jueza, quien ha reforzado la creencia de que, en este tiempo de carencia de valores, aún hay funcionarios judiciales que desean obrar en buena ley.
Si bien la magistrada taxativamente no ha mencionado la paralización de la venta de los terrenos, creando opiniones divididas entre los versados en leyes, se espera que el asunto sea oportunamente aclarado en el fallo correspondiente.
Pero sí es clara en que, tratándose de bienes públicos, como lo es un aeropuerto, debió consultarse primero a la propietaria, a la ciudadanía, para que opine sobre si desea o no volver a recibir el servicio aéreo que tanto beneficio significó para Portoviejo y gran parte de la zona central manabita.
Aquello no sucedió y lo resalta la jueza, pues la sumisa corporación municipal solo procedió a la genuflexión ante la imagen del mentalizador. Ojalá en instancias superiores exista la dedicación a la justicia que restituya la confianza plena que la Función Judicial debe recobrar.
Y se hace indispensable cambio de actitudes generales, porque la nación necesita de una limpieza íntegra de conciencia, de la purificación de su alma y de mucha entereza en sus decisiones para encontrar la cordura que le permita abrazar aquella fraternidad que conduzca a la unidad ecuatoriana.
Por eso estoy de acuerdo con rechazar la alevosía con que se ataca y la degradación que se trata de hacer de las instituciones bases de la República, como la Policía Nacional, cuyo honor se ha pretendido hollar con criminales acciones de dañados servidores, las que mafiosos políticos intentan vanamente endosar a la digna institución.
Y por eso, también estoy contra el exabrupto del presidente Guillermo Lasso de anunciar el derrocamiento del edificio donde -aún presuntamente- se cometiera el asesinato de María Belén Bernal. Una lamentable precipitación que abona a la inseguridad administrativa que se siente en el país.