Los escenarios del poder
El presidente Guillermo Lasso y su equipo no comprendieron la virtud del tiempo oportuno de la política, que no es otra cosa que el ejercicio del poder o la acción política llevada al terreno de la utilidad; han transcurrido casi dos años desde su posesión, las demandas ciudadanas continúan sin respuesta y los problemas se agudizan. Garantizar la alimentación de los necesitados, reducir la desnutrición crónica infantil, asistir a los jóvenes en depresión y combatir las diversas formas de violencia son agenda pendiente, si acaso tenemos una.
La criminalidad con sus tramas, redes e impunidad es harto más difícil con el transcurso de los días, y más aún luego de las denuncias de corrupción y los posibles vínculos con el crimen transnacional, es decir, un Ejecutivo enrarecido, sin un plan para la gobernabilidad y gobernanza política de los principales problemas y en disputa permanente con la Asamblea. A partir de allí, se entiende la pérdida de confianza en las instituciones democráticas y el triunfo del no en la consulta popular; al igual, el alto ausentismo que superó a la tienda política con mayor votación. ¿Qué les queda por hacer al Ejecutivo, Asamblea y Corte Constitucional?
Si el Ejecutivo gana tiempo, se consolidaría en el hacer, partiendo de una renovación no solo de rostros, sino de ideas y conceptos en lo económico, social y político. Debería cogobernar alrededor de planes y agendas, pero muy difícilmente cambiará su paradigma de gobierno y las tiendas políticas no pondrán en riesgo la oportunidad de alcanzar el poder en el 2025.
Por lo cual, es probable que el Ejecutivo sea llamado a juicio político, debiendo agradecer a la ingeniería constitucional del 2008, la garantía del derecho a la defensa, requiriendo además la Asamblea del dictamen de la Corte Constitucional y una mayoría de 92 votos (asumiría el vicepresidente por el resto del periodo). El escenario del juicio político podría estar acompañado de movilizaciones sociales e indígenas, ya anunciadas hace varias semanas.
Ante tales movilizaciones, la muerte cruzada aparece nuevamente como salida ante la crisis política y puede ser activada por el Ejecutivo (artículo 148 de la Constitución), tanto como por la Asamblea (artículo 130.2), y no necesita del dictamen de la Corte Constitucional. Debiendo el CNE convocar a elecciones anticipadas por el resto del periodo.
Cualquier salida causaría lesiones y mayor división entre ecuatorianos, tal vez la menos traumática sería la renuncia del presidente, la posibilidad de un cogobierno retrasaría lo inevitable, por lo difícil de cumplir acuerdos por parte del Ejecutivo y su poquísima legitimidad.