Hay que usar el agua del acueducto
TRIBUNA DEL PENSAMIENTO PARA EL QUE TENGA UNA IDEA QUE SEMBRAR O UNA VERDAD QUE DIFUNDIR”.
Hay que usar el agua que es bombeada por el acueducto La Esperanza-el Aromo. Es indignante que el 70 por ciento del líquido de una obra que se construyó en más de 300 millones de dólares, con un recorrido de 94 kilómetros, esté subutilizado.
La idea inicial era llevar el líquido desde la represa más grande de Manabí a la Refinería del Pacífico, que se ofreció construir en la zona. Lo curioso es que, parafraseando a nuestra gente: se pusieron el zapato y luego las medias. Como si existiese un interés desmedido por contratar y otras cosas más, primero se construyó el millonario acueducto, aunque no había -y no hay, hasta hoy- refinería.
Se dijo que el acueducto podía bombear 6 mil metros cúbicos de agua por hora, y que la refinería - cuando exista- utilizará en su máximo pico cerca de 4 mil metros cúbicos por hora. Para justificar la obra se apuró la construcción de plantas potabilizadoras en Manta, Montecristi y Jaramijó para que juntas utilicen los otros 2 mil metros cúbicos de agua por hora.
Si se va a construir la refinería - algo que parece no viable por el financiamiento y el futuro petrolero- no deberían permitirse guías clandestinas.
Pero si ese proyecto es inviable, se debe buscar que el agua beneficie a los sectores productivos que hoy piden ese líquido. Con eso se crea empleo, algo que no es poca cosa, y se da uso y rentabilidad a una inversión millonaria.
La situación de inseguridad de la región es el reflejo de la crisis social que ha golpeado duramente a la sociedad latinoamericana en los últimos años.
Los altos índices de violencia en algunos países han conllevado a la descomposición del tejido social y agudizar la problemática de la inseguridad ciudadana.
La justicia social no se ha atendido con eficacia en que la presencia del Estado es prácticamente nula y ha traído como efecto escenarios de inseguridad muy lacerantes y perniciosos para el bienestar y el buen vivir, vulnerando el derecho de crecer con justicia, paz y armonía. La criminalidad mantiene en zozobra a la sociedad, atemorizada por un estado de alerta por la violencia y escenas de terror que causan estupor en la ciudadanía a merced de la delincuencia común y la delincuencia organizada.
La causalidad en que se enfoca esta problemática es la ausencia del Estado, en la que no hay una política de seguridad social estructurada en función de resolver los problemas de fondo y no desde las coyunturas.
¿Dónde estuvo el Estado? Nunca se ha dado respuestas a los problemas sociales, convirtiéndose en una deuda que se ha tornado compleja mucho más cuando el Estado ha perdido el control territorial invadido por la delincuencia y los fenómenos que involucra la inseguridad; pero también, hay una institucionalidad débil y un modelo de desarrollo territorial que no aborda las verdaderas realidades de la población, el cual requiere un giro en la política estatal para avanzar a una sociedad de paz libre de violencia y que goce de sus plenos derechos.
Hay problemas prioritarios en los que hay que trabajar y territorios donde el Estado tiene que llegar, y que merecen la atención urgente y la participación imprescindible para el compromiso ciudadano, en la que se involucren todos los actores sociales como parte integral para fortalecer los programas de prevención, de intervención y actuación en materia de seguridad desde una gobernabilidad en todos los niveles, gestionando políticas sociales que logren avizorar dimensiones consustanciales con la naturaleza del individuo y la sociedad. Es necesario asumirlos como derechos en la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo, la equidad y generar las condiciones esenciales y propicias para el desarrollo humano integral que permitan reducir las brechas sociales. La situación de inseguridad resulta una oportunidad para reconstruir el tejido social y transformar las condiciones a favor de los ciudadanos, equitativo y económicamente viable. Como corolario de las rupturas de paradigmas con que se ha venido construyendo un gobierno de espalda a la gente, este cambio hace que el dirigir una nación desde la palestra pública es un enorme desafío que deben afrontar los gobiernos.
POR AHORA SE USA EN UN 30 % Y SU OPERACIÓN SUPERA LOS $ 50.000 MENSUALES ”.